Crece la indignación de los profesionales sanitarios tras el reparto por parte del Ministerio de Sanidad de una partida de entre 350.000 y 400.000 mascarillas defectuosas que han ido a parar por todas las comunidades autónomas. Este mismo jueves la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha acordado que interpondrá una querella criminal por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores contra el ministro Salvador Illa.
"No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados a día de hoy de la Covid-19, y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable desde cualquier punto de vista, lo que junto con los datos que conocemos de la evolución de la pandemia en España les deberían hacerse replantear la práctica totalidad de la gestión que están realizando al efecto", sentencian desde la CESM.
Desde el la Confederación Estatal, se apunta que la distribución de una gran partida de mascarillas FPP2, de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a distintos servicios de salud de nuestro Sistema Nacional de Salud "ha sido la gota que ha colmado el vaso" en un escenario de "incertidumbre que acompaña, ya de manera lacerante, a los profesionales sanitarios en general, y de forma muy especial a los médicos y demás profesionales con asistencia directa a pacientes afectados de la Covid-19".
Actuación negligente de Sanidad
Esta circunstancia "se ha visto agravada con posterioridad por la aparición de otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados", lo que, para CESM, pone "bajo sospecha" la gestión que se ha hecho de este tema por parte del Ministerio.
La CESM habla de "presunta actuación negligente por parte del Ministerio" al poner "en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos, que han utilizado dicho producto con el convencimiento de su idoneidad y en la buena fe que se debe presumir de quien tiene tan altas responsabilidades".
Por lo anterior, la organización sindical señala que su Comité Ejecutivo ha acordado , interponer "querella criminal por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en los artículos 316 y 317 del Código Penal" contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca y los demás corresponsables, ante el Tribunal Supremo.
