El Ministerio de Justicia pretende 'sacar tajada' del proyecto de ley que facilita la concesión directa de la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos en 1492. Y lo hará gracias a una nueva tasa creada para la ocasión ya que hasta ahora era un trámite gratuito: solicitar la nacionalidad española costará 75 euros, independientemente de que luego se termine concediendo o denegando.
El Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón parece habérselo pensado mejor. Y es que aunque en febrero de este año se aprobó un anteproyecto de esta ley, ahora acaba de modificar algunos apartados antes de que el Gobierno le diera su visto bueno este mismo mes, entre los que se incluye la obligación para los sefardíes de pagar 75 euros si quieren conquistar "el sueño español".
Lejos de aplicarles el nuevo canon en exclusiva a los descendientes de judíos, el Gobierno ha incluido una disposición final segunda que modifica el Código Civil, lo que extiende el cobro de la nueva tasa a todos los extranjeros que quieran obtener la nacionalidad española, tanto si lo hacen alegando algún vínculo especial con España (la denominada fórmula de carta de naturaleza) o por motivos de residencia.
A este nuevo canon, el solicitante tendrá que sumar el coste de la matrícula en el instituto Cervantes, la institución encargada de diseñar la prueba de evaluación de idioma y cultura e integración españolas. Con lo que, entre unos conceptos y otros y dado que cada año solicitan la nacionalidad alrededor de 150.000 personas, Justicia ingresará unos 50 millones de euros en cinco años que irán destinados a modernizar un sistema tecnológico congestionado de expedientes que en muchos años acumulan cuatro años de demora. Tal retraso ha impedido a unos reunirse con sus familias, a otros buscar mejor suerte en el resto de países de la Unión Europea y a la inmensa mayoría, vivir sin los sobresaltos de depender de una tarjeta de residencia por trabajo. Otra parte importante de la recaudación, alrededor de 20 millones de euros, servirá para sufragar el coste de la emisión de los certificados.
"Creemos que es razonable que la solicitud de nacionalidad, que es para toda la vida, tenga también un coste", sostienen desde Justicia
"La solicitud se presentará en castellano en la plataforma electrónica que se habilitará para ello y a través de la que el interesado deberá abonar la tasa que ha sido fijada después de estudiar los costes que supone el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española. Gracias a esta herramienta, que cumplirá las medidas de seguridad más exigentes, se evitarán en el futuro situaciones como el atasco de cuatrocientos mil expedientes de nacionalidad que había al finalizar el año 2011", argumenta el Ejecutivo. Una situación, la de hace cuatro años, que se acabó solucionando gracias a la firma de un convenio con 1.000 registradores de la propiedad, que asumieron el trabajo.
Justicia se defiende asegurando que el resto de países europeos funcionan así e incluso con tasas más elevadas como en el caso de Reino Unido, donde la cifra se dispara hasta superar los 1.000 euros, o en Alemania, donde rondaría los 255 euros. En otros como Italia, solicitar la nacionalidad continúa siendo un trámite gratuito mientras que Bélgica exige el pago de 150 euros y Francia de 55.
"Renovar el pasaporte cada diez años cuesta 25 euros. Creemos que es razonable que la solicitud de nacionalidad, que es para toda la vida, que no es un servicio esencial y que supone unos gastos considerables para la Administración, tenga también un coste", razona Juan Bravo, subsecretario de Estado de Justicia, en declaraciones recogidas por el periódico 'El País'.
Para mediados de 2015, todos los extranjeros que pidan la nacionalidad tendrán que pagar 75€, aunque luego Justicia se la deniegue
El proyecto de ley, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso y Senado, saldrá de las Cortes para finales de este mismo año y seis meses después entrará en vigor. Así pues, la tasa se hará efectiva para medidados de 2015, aproximadamente.
Mala imagen de la justicia española
Casualidad o no, la decisión de empezar a cobrar por algo que hasta ahora no tenía coste para el solicitante ha coincidido con el último informe del Consejo de Europa en el que alerta de la mala imagen de la justicia española y la percepción de poca independencia que tiene la ciudadanía en torno al órgano de gobierno de los jueces.
"España debe intentar no sólo que la justicia sea libre, sino que parezca libre", aluden en su informe anual sobre el estado de la corrupción. El toque de atención también va para la poca transparencia en la financiación de los partidos políticos, "la patata más caliente con la que ha tenido que lidiar el Consejo de Europa hasta el momento".
