La policía local Raquel Gago, implicada en el asesinato de la presidenta de León y considerada culpable en el juicio que se siguió contra las tres responsables, podría no entrar a la cárcel pese a la petición de Fiscalía de 15 años de prisión para ella.
Los magistrados han resuelto este viernes que "en razón al incremento del riesgo de fuga y a la vista del veredicto emitido por el jurado en la causa". Gago puede optar a la libertad provisional bajo fianza, eso sí, aumentando la cuantía de 10.000 euros hasta los 30.000 fijados. La policía tiene desde hoy ocho días hábiles para el depósito del dinero o se decretará su ingreso en prisión. Gago no tendrá que ingresar en la cárcel hasta que se resuelvan todos los recursos que su abogado, Fermín Guerrero, ha anunciado que interpondrá a la sentencia que se conocerá en los próximos días.
La Sala ha considerado que se ha incrementado el riesgo de fuga de la policía local después del veredicto emitido por el jurado, que la ha considerado autora de asesinato en concurso con atentado y tenencia ilícita de armas, por lo que ha acordado una fianza de 30.000 euros.
La policía local tiene desde ocho días hábiles para el depósito del dinero o se decretará su ingreso en prisión
En el auto, la sala de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Carlos Álvarez, estima que Raquel Gago "tiene arraigo personal, familiar, social y laboral" y que esas circunstancias permanecen inalteradas con respecto a la primera vez que se decretó para ella la prisión provisional, hace más de un año, tiempo en el que ha cumplido "estrictamente las condiciones interpuestas".
Tratamiento psiquiátrico
Además, los tres magistrados que componen la Sala también han tenido en cuenta que la agente de Policía Local está siguiendo en este momento un tratamiento psiquiátrico que "podría verse interrumpido por su por su ingreso y prisión".
El auto recoge que, aunque los indicios existentes contra Raquel Gago "se han visto reforzados tras el juicio", aún no hay sentencia y que "no está determinada aún la responsabilidad penal de la acusada, ni fijada la pena o penas de las que puede ser acreedora".
También ha tenido en cuenta que la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y el Tribunal Supremo (TS), y que la defensa ha asegurado que esos recursos van a ser interpuestos porque no le satisface otra condena que no sea la absolución.
A este respecto, el auto ha considerado que "a tales instancias puede modificarse un pronunciamiento condenatorio puesto que es sabido y notorio que no son excepcionales ni raras las revocaciones de condenas pronunciadas por el tribunal el jurado".
