Lejos de la lucha antidroga, antiterrorista, o la investigación de homicidios, hay unos policías que se dedican a sacar del mercado los productos que ponen en grave riesgo la salud pública. Muchos de ellos son más peligrosos que cualquier otra sustancia ilegal, pero "no hay concienciación social". Los agentes del grupo de Consumo de la Policía Nacional salvan vidas y persiguen a unos delincuentes que sacan partido a un negocio más rentable que el del tráfico de drogas.
"Se gana mucho dinero y las penas son menores", a veces "una tercera parte". José Manuel Fraga es inspector y jefe de este grupo enmarcado en la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la UDEV Central de la Policía Nacional. Se autodenominan como los "desconocidos" dentro del Cuerpo, pero su crecimiento es exponencial y sus cifras hablan por sí solas: 22 operaciones, 69 registros, 37 inspecciones y 200 detenidos en el último año. En una entrevista con Vozpópuli, explica que su grupo, en concreto, es el "cajón de sastre" dentro de la Sección: "Investigamos desde falsificaciones de vinos hasta clínicas ilegales". Para estos policías, "cada investigación es un máster".
La última gran operación de estos agentes fue el desmantelamiento del mayor quirófano clandestino descubierto en años. Estaba en el barrio madrileño de Carabanchel y en él trabajaban varias mujeres que se hacían pasar por médicos, enfermeras o anestesistas, y que practicaban liposucciones o aumentos de pecho sin contar con la titulación necesaria. La Policía había localizado a dos víctimas, pero la Sección dio a conocer un teléfono 24 horas (628711298) que permitió contactar con otras cinco. "Nos llaman cientos de personas, pero con sumar una víctima más ya vale la pena", asegura el inspector.
Algunas de las falsas sanitarias investigadas eran reincidentes. El "insuficiente" castigo penal es la principal piedra con la que tropiezan estos agentes en su labor. "Nuestra dificultad es demostrar al juez que lo que investigamos afecta a la salud de las personas", remarca Fraga. El grupo de Consumo, así como sus compañeros de Sección, persiguen delitos contra la salud pública, pero "el límite entre el ilícito penal y la infracción administrativa está muy poco definido". Cuando algunos jueces del ámbito penal reciben sus diligencias, les dicen que "no ven delito", lamenta. Para convencerles son fundamentales los informes de organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la localización de víctimas.
El delito contra la salud pública contempla penas para el tráfico de drogas de 3 a 6 años de prisión, mientras que en el caso de la fabricación y/o distribución de medicamentos las penas suelen oscilar entre los 6 meses y 3 años de prisión.
Falta de concienciación social
Aunque algunas investigaciones no se traduzcan en condenas, los agentes respiran aliviados cuando retiran del mercado (legal o ilegal) una amenaza para la salud de las personas. "Como digo yo, mi parte está bien hecha, lo que pase después no está tanto en mi mano", subraya el inspector Fraga. El grupo de Consumo ha sacado de la calle pintauñas cancerígenos, alcohol de garrafón, pastillas adelgazantes potencialmente letales y un sinfín de productos ilegales.
Sus operaciones, cuando se dan a conocer, reciben una notable repercusión. Por ejemplo, cuando se publica que las sustancias que contiene un pintauñas son cancerígenas. "¿Qué mujer no ha ido al local de la esquina a hacerse las uñas porque tiene una boda? No sabes lo que te puedes encontrar", Sin embargo, la sobreexposición a todo tipo de productos en Internet cada minuto hace que el ciudadano se enfrente constantemente a amenazas para su salud. "Falta mucha concienciación", explica el inspector, quien recalca que "las redes sociales hacen mucho daño".
