La agencia Bloomberg sorprendió esta semana con una noticia en la que acusaba al Ministerio de Hacienda de forzar a las operadoras de juego extranjeras al pago de 150 millones en impuestos bajo la amenaza de perjudicarles en la concesión de licencias y, al mismo tiempo, de beneficiar a Codere, bien relacionada con el Gobierno. La reacción del departamento de Cristóbal Montoro no dejó lugar a la duda: desmentido y denuncia. En realidad, la historia comienza mucho antes, cuando la empresa española, con otro escenario legislativo y con otro Gobierno, sí movió sus hilos en plena elaboración de la Ley del Juego.