Este miércoles se celebra en el Juzgado de lo Social número 20 de Madrid la vista por el despido de Azahara Peralta, una de las ingenieras de la empresa pública despedidas tras denunciar los pufos que ahora investiga la Audiencia Nacional. En mayo, un magistrado ordenó readmitir a una segunda empleada e indemnizarla, aunque la sociedad estatal lo ha recurrido.

José Ignacio Landaluce, regidor 'popular' de Algeciras (Cadiz), va a recibir en los próximos días la cruz al mérito policial con distintivo blanco. El nombre del primer edil de la localidad gaditana salió hace sólo cinco meses en la linvestigaciión de las irregularidades en la empresa pública al detectar la Guardia Civil sus contactos con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para agilizar una obra hidráulica en su municipio.

La empresa responsable de las infraestructuras ferroviarias prescinde de su director jurídico, Javier Moya Lámbarri, que ocupaba el mismo cargo en la empresa pública dependiente de Agricultura cuando salieron a la luz las supuestas irregularidades. Fuentes de la compañía niegan que exista relación entre la decisión y el escándalo que investiga la Audiencia Nacional.

Pablo Martín, excarcelado en marzo tras pagar una fianza, participa en unas jornadas internacionales sobre recursos hídricos para hablar, precisamente, de una de las obras bajo sospecha. El juez Velasco ordenó en mayo a Agricultura, que lo había readmitido en su puesto pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, que lo 'mandara a casa' para evitar que tuviera acceso a documentación relacionada con la investigación.

Uno de los directivos de la empresa pública investigados dentro de la trama de amaño de contratos es el responsable de atender los diferentes requerimientos de información que remite el magistrado. Juan García Cuenca, que ocupa el cargo de director de la Asesoría Jurídica, se negó a declarar primero ante la Guardia Civil y, más tarde, en la Audiencia Nacional cuando compareció para responder de las acusaciones que pesan sobre él.

Meses después de las detenciones por el amaño de contratos en la empresa pública, la Guardia Civil aún estaba volcando el contenido de los numerosos dispositivos informáticos intervenidos en la 'Operación Frontino'. Un informe de la UCO ya alertaba en febrero que sólo de estos últimos se iban a recuperar más de 50 terabytes de información, a los que hay que sumar miles de folios intervenidos y que se han ido digitalizando para facilitar a los agentes trabajar con ellos durante la investigación.  

Un empresario acudió dos días después de que las detenciones de enero para confesar que la compañía de marketing en la que figuraba como administrador había recibido de modo supuestamente irregular adjudicaciones de contratos por parte de la empresa pública. En su declaración aseguró que estaba recibiendo presiones por parte de dos socios. La Guardia Civil ya estaba tras la pista tras detectar en noviembre la participación en la compañía de una directiva de Acuamed casada con uno de los principales implicados.