Después de 10 años de idas y venidas, el fin del roaming en Europa será una realidad. Un escenario que permitirá a los miembros de la Unión Europea viajar por los estados miembros y llamar por teléfono y navegar por internet sin pagar sobrecostes.
En estos diez años Bruselas ha tenido que trabajar duro. Una de las partes de esta negociación ha sido establecer un precio de fabricación del megabyte para cada país justo.
En España este precio se ha fijado en 7,7 euros por unidad, un coste que, según expertos de la Comisión Europea, es el doble de lo que realmente cuesta fabricarlo.
"La llegada de turistas a España va a permitir a los operadores beneficiarse mucho, tanto por la afluencia de turistas del país como por el coste que se ha fijado para el megabyte. Después de tener en cuenta un montón de parámetros y de hablar con reguladores y operadores se ha establecido en 7,7 euros. El coste real es mucho menor, sobre todo en el caso de los grandes operadores", aseguran expertos de la Comisión Europea.
Algo que, lejos de lo que lo que desde los operadores se dice, abre las puertas a un nuevo negocio sobre el que facturar y obtener beneficios.
Los operadores no lo ven así
Desde las compañías de telecomunicaciones no lo ven así. Consideran que el precio marcado por la Comisión Europea está muy por debajo de lo que realmente les cuesta fabricarlo.
Así las cosas, fuentes del mercado aseguran que algunas de las subidas de precio que han ido acometiendo los operadores con más peso responde a ponerse la venda antes de la herida, temerosos de que el fin del roaming tenga un impacto negativo en cuenta.
En el caso de que se detectasen subidas de precio injustificadas, quien debe intervenir es el regulador de cada país, no Bruselas
Desde Bruselas, sin embargo, se reafirman. "El precio se ha establecido en función de un montón de parámetros y estudios exhaustivos. En ningún caso los operadores perderán dinero. En ninguno. El fin del roaming no será nunca una razón justificada para subir el precio de las tarifas. Radicalmente, no".
Así las cosas, de detectarse subidas injustificadas en los precios no será Bruselas la encargada de intervenir, sino los organismo competentes en cada país. En el caso de España, la pelota está en el tejado de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
