El Consejo General del Poder Judicial reanuda este martes las negociaciones para nombrar a 36 altos cargos judiciales después de una semana en la que las conversaciones han estado en punto muerto. El pasado 12 de febrero, el CGPJ vivió su pleno más tenso desde que se ocuparon los sillones del órgano de gobierno de los jueces con nuevas caras tras cinco años de bloqueo. La retirada 'in extremis' de acuerdo para nombrar a más de una treintena de jueces provocó el surgimiento de viejas discrepancias entre los dos bloques que conforman el órgano.
Fuentes jurídicas informan a Vozpópuli de que ambos bloques planean retomar las negociaciones antes del pleno de este miércoles, la prioridad es sacar adelante el nombramiento de más de treinta vacantes judiciales para esquivar una nueva situación de bloqueo. Tras un momento de pausa, ambos lados apuestan por delimitar los enfrentamientos y discrepancias a un marco concreto de contenido, de manera que lo esencial será centrarse primero en aquellos puestos en los que pueda haber más consenso y dejar para más adelante el debate sobre las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo.
Las voces consultadas se muestran optimistas ante la posibilidad de sacar un acuerdo adelante en los próximos días, de lo contrario, el Consejo General del Poder Judicial podría caer en una situación de bloqueo que recuerda al escenario dibujado durante el anterior mandato. No obstante, mientras el grupo de trabajo compuesto por José Antonio Montero Fernández, Alejandro Abascal, José María Fernández Seijo y Esther Erice Martínez trabaja para acercar posturas respecto a 36 nombres de las 44 vacantes pendientes, la tensión por las salas del Supremo es cada vez más palpable entre los vocales.
Disputas por las salas clave del Supremo
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que el movimiento en el tiempo de descuento marcado hace algo más de una semana por parte del bloque progresista, cuando el grupo de trabajo ya tenía casi cerrado el acuerdo, respondería a una maniobra para presionar con el nombramiento para presidencia de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal. Los conservadores optan por aupar al actual presidente en funciones, Andrés Martínez Arrieta, el magistrado más veterano de la Sala Segunda del TS y el número uno en el escalafón judicial. Ana Ferrer, conocida por ser la primera magistrada mujer en ingresar en la Sala clave del alto tribunal, es la favorita de los progresistas y del Gobierno.
La presidencia de la Sala Tercera también se encuentra entre las vacantes más disputadas del panorama judicial. Esta sala ha sido clave, por ejemplo, para tumbar la política impuesta por el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su antecesora, la exministra de Justicia, Dolores Delgado. El bloque progresista quiere colocar en esta sala a otra mujer, Pilar Teso, mientras que los conservadores apuestan por Pablo Lucas.
Entre los puestos que quedan por cubrir destacan también la presidencia de la Audiencia Nacional y sus cuatro salas, el nombramiento de seis magistrados de Audiencias Provinciales o las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, y Cataluña.
Según las fuentes consultadas, la ruptura de un nuevo acuerdo supondría un fuerte golpe para Isabel Perelló. Tras fracasar en su intento de elevar a las Cortes una propuesta única para renovar el sistema de elección de vocales, la presidenta del CGPJ se examina con el nombramiento de 36 nuevos altos cargos judiciales. Tras cinco años de bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces, lo que provocó que muchos órganos judiciales quedaran con varias vacantes sin cubrir lo que ocasionó un importante retraso judicial, el nuevo CGPJ tiene la responsabilidad de subsanar el daño causado. Una tarea urgente cuando el próximo lunes se cumplen seis meses desde que Perelló fue elegida como la presidenta del Consejo General del Poder Judicial.
