Isabel Perelló consigue una segunda unanimidad en el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces logró este miércoles un consenso histórico para ocupar un total de 32 plazas judiciales, 21 de las cuales corresponden al Tribunal Supremo. El nombramiento de más de treinta altos cargos judiciales por unanimidad ha generado un clima de satisfacción dentro del órgano tras superar varias semanas de bloqueo respecto a temas de gran calado como el juego de sillas en el alto tribunal o la propuesta para reformar el sistema de elección de vocales.
Entre los pequeños logros subrayados por la propia institución destaca el hecho de haber podido duplicar la presencia de mujeres en el alto tribunal. En esta instancia, pasan de 10 a 18 magistradas, tras incorporar a seis en la Sala Tercera y a otras dos en la Sala Cuarta. Voces del CGPJ consultadas por Vozpópuli subrayan que el consenso en torno a la aplicación de la ley de paridad en el Consejo ha ido en aumento en los últimos meses. Ejemplo del compromiso que los vocales han aceptado respecto a este reto es, precisamente, el porcentaje de representación femenina conseguido en el nombramiento de más de treinta plazas judiciales.
A pesar de que exista un compromiso al respecto desde ambos bloques, los conservadores temen que los objetivos de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez sirvan para que la bancada progresista intente imponer a perfiles afines en puestos concretos de la carrera judicial. En juego aún están las presidencias de las tres salas claves del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.
El recelo existente respecto a la forma de amplicar las cuotas de paridad presentes en la ley se vio reflejado el pasado mes de diciembre con el cruce de dos informes diferentes respecto a su aplicación. El Consejo General del Poder judicial puso el broche de oro al 2024 con la firma de dos informes técnicos sobre la ley de paridad. El primero, encargado por la propia Isabel Perelló, corrió a cuenta del Gabinete Técnico del órgano que apuesta por "una visión global", es decir, que la paridad se aplique respecto a la totalidad de la carrera para evitar situaciones de discriminación en puestos concretos. "Este principio global sirve para inspirar cada nombramiento sin vincularlo imperativamente", comentan fuentes del Consejo.
Este informe, a juicio de los conservadores, es el más favorable para evitar que las cuotas de paridad sean utilizadas para colocar a determinados perfiles en tribunales clave como el Supremo o la Audiencia Nacional. El bloque conservador no quiere que la ley de paridad sea la excusa que utilicen los progresistas para aupar a Ana Ferrer hasta la Sala Segunda del TS o a Pilar Teso hasta la presidencia de la Sala Tercera. Entienden que el criterio de méritos y capacidad debe predominar sobre el sistema de cuotas. Los candidatos elegidos por los conservadores son, en el caso de las presidencias clave del alto tribunal, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas.
El informe elaborado por la Comisión de Igualdad, apoyado por el bloque progresista, persigue aplicar las cuotas de paridad desde bloques más pequeños de nombramiento para garantizar que los números contemplados por la ley se cumplen en los diferentes tribunales.
Pese a las reticencias expresadas con este cruce de posturas, las fuentes consultadas por este medio defienden que en ambos bloques existe un compromiso "firme" con este objetivo y que las diferencias nacen en la forma. En este sentido, las mismas fuentes sostienen que en el seno del órgano de gobierno de los jueces existe cierto "alivio" tras la unanimidad conseguida el pasado miércoles para designar un total de 32 plazas vacantes.
Fuentes del Consejo defienden que era necesario "descongestionar" la situación y que la fórmula elegida ha sido sacar adelante aquellos nombramientos en los que sí había consenso para poder ir avanzando en otros asuntos. Además de la tarea de ocupar aún varias plazas vacantes, el CGPJ tiene la semana que viene por delante un difícil reto, llegar a un acuerdo para elevar una propuesta a las Cortes sobre un nuevo sistema de elección de vocales.
En este momento, las negociaciones respecto a la disposición adicional acordada por el PP y PSOE para acabar con cinco años de bloqueo en el órgano siguen en punto muerto. Los progresistas defienden la intervención del Parlamento y los conservadores buscan que 12 vocales sean elegidos directamente por la carrera judicial. Según las fuentes consultadas por este medio, la presidenta Isabel Perelló estaría especialmente interesada en sacar una sola propuesta adelante. Es su primer gran examen de cara a Europa.