El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sigue aferrándose a su cargo. El martes, tras varios aplazamientos, compareció durante casi 4 horas en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2023, un trámite que tenía pendiente desde hacía meses.

En esta comparecencia, la primera desde que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo le abriese causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos en relación con el supuesto fraude fiscal contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, también hubo tiempo para hablar de su gestión al frente del Ministerio Público. Volvió a reiterar que, aunque dimitir sería lo más cómodo, no iba a haverlo porque ello dejaría a la Institución en una situación de "debilidad" ante fenómenos delictivos.

Al igual que también defendió que borró los mensajes de su teléfono móvil para proteger su intimidad y sus datos de los que es custodio. Algo que, tal y como comentó, hacía de forma regular. En este sentido, desde el punto de vista de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera, si no hay nada que esconder, lo mejor que uno puede hacer es poner todo a disposición del juez para que se vea que, efectivamente, no hay nada. Para ella, lo que hizo García Ortiz hizo el martes fue "ejercer su derecho de defensa dañando la Institución". 

Tal y como ha explicado a Vozpópuli la presidenta de AF, lo que está haciendo García Ortiz es arrojar piedras contra sus compañeros, algo que, a su parecer, "no es defender la Institución". Dexeus no sabe a qué se refiere cuando el jefe del Ministerio Público habla de "proteger a la Fiscalía ante los delincuentes" porque "lo único que está haciendo es perjudicarla.

Todo ello sumado a que, además, está poniendo en una situación "tremendamente complicada" a la fiscal que lleva su causa en el alto tribunal -María Ángeles Sánchez Conde- al comprometer el principio de imparcialidad en la Institución en procedimiento en el que su jefe es la persona investigada. 

Pero más allá de eso, a Dexeus le "fascina" que diga que está protegiendo a la Fiscalía cuando está poniendo en entredicho la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad policial en la que los fiscales depositan su confianza. Además, ha señalado que también ha puesto en entredicho la actuación del instructor "diciendo que lo que se ha perpetrado en su despacho es un allanamiento, cuando ha sido una entrada y registro" y ha tratado a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, de "mentirosa" y "desafecta".

Arrojar piedras a la policía y a sus compañeros

Esta última palabra a Dexeus le estremece porque le recuerda a la dictadura de Franco. "Con lo cual, lo que está haciendo es arrojar piedras contra el instructor, la policía y contra compañeros, y eso no es defender la Institución, la está perjudicando". De modo que insiste en que tiene que dimitir y ejercer su derecho a la defensa como cualquier otro ciudadano. Además, hay que recordar que, a raíz de la declaración del fiscal general en el Supremo el pasado 29 de enero ante el juez Ángel Hurtado, 13 fiscales, de los 36 que conforman la Junta de Fiscales de Sala, pidieron su dimisión en una misiva que dirigida hacia él. 

En este sentido, ve necesaria no sólo una reforma total del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sino también que tendría que llevarse a cabo un Estatuto Jurídico propio del fiscal general del Estado y establecer, por ejemplo, que el Consejo Fiscal pueda valorar su cese cuando esté siendo investigado por un hecho delictivo en el ejercicio del cargo. "Sigue con su mantra y estamos dando una imagen lamentable", ha resaltado. 

Preguntada por cómo se está viendo esta situación en el extranjero, ha detallado que, aunque no ha podido hablar con fiscales de otros países, sabe que la Comisión Europea está intranquila. 

APIF le acusó de intentar afectar a la independencia judicial con su queja ante el CGPJ

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejercen la acusación popular en la causa, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Argimiro Vázquez, Álvaro Bernad Sánchez, Verónica Suárez y Napoleón Cánovas, consideran que el jefe del Ministerio Público ve al Supremo como un "un instrumento de persecución política". 

Antes de que compareciese en el Senado, le acusaron de intentar perjudicar la independencia judicial al enviar una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar que se habían filtrado datos personales suyos en la documentación que la Guardia Civil trasladó al Supremo en la casa donde se le investiga. 

Le reprocharon que, en vez de promover la acción de la justicia, estaba haciendo "todo lo posible por frustrarla y boicotearla", dice el escrito al que ha tenido acceso este periódico. Entendían que tal queja carecía de sustento legal "toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO), incluir todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado". 

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