El ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acudido este jueves a declarar por segunda vez ante el Tribunal Supremo, esta vez sin la inmunidad parlamentaria como sostén. Tras declarar el pasado 12 de diciembre de forma voluntaria, el exministro socialista se ha sentado de nuevo frente al juez Leopoldo Puente, esta vez bajo la condición de imputado, ante el que podrá defenderse de las acusaciones de Víctor de Aldama y dar las explicaciones oportunas, principalmente, en torno a tres grandes frentes: el presunto cobro de comisiones económicas por facilitar presuntamente la adjudicación de obras a determinadas empresas, supuestos beneficios inmobiliarios y su papel al frente del Ministerio de Transportes bajo el que se fraguó la contratación de Soluciones de Gestión SL para el suministro de material sanitario durante la pandemia.

El diputado del grupo mixto ha negado haber influido en la presunta adjudicación 'a dedo' de, al menos, una treintena de obras públicas señaladas por Aldama en varios documentos entregados al Tribunal Supremo. Sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de facilitar este tipo de licitaciones a empresas vinculadas al expresidente del Zamora CF, el alto tribunal ha identificado "indicios suficientes" para atribuir al exministro de Transportes delitos relacionados con la adjudicación irregular de contratos de obra pública.

Así lo reflejó el instructor en su auto del 18 de diciembre por el que elevaba el suplicatorio al Congreso de los Diputados, en el que sostenía la existencia de indicios bastantes de la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. En concreto, el juez apuntó al diputado por la presunta obtención de beneficios económicos y personales a cambio de "haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas". 

Entre las contraprestaciones personales de las que podría haber disfrutado el 'ex número dos' del PSOE, destaca el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) donde Ábalos y su familia veranearon en 2021 y que fue comprado por la empresa Have Got Time, vinculada con Carmen Pano y Claudio Rivas, ambos investigados también por el caso hidrocarburos y que han sido citados para declarar como testigos en el TS el próximo 25 de febrero. En el foco del juez, también se encuentra el contrato de alquiler con opción a compra que el diputado firmó con Aldama en Madrid o la presunta visita de este, Koldo García y Ángel Víctor Torres a otros inmuebles costeados por el expresidente del Zamora CF para mantener encuentros con "señoritas". 

Sobre el piso de la Castellana de 1,9 millones de euros que Aldama asegura que iba a regalar al entonces responsable de Transportes, Ábalos ha defendido en múltiples ocasiones que fue un engaño del empresario, que este se lo ofreció en alquiler, pero que nunca llegó a materializarse. Sin embargo, todavía hay varias dudas que despejar sobre este inmueble. El juez Leopoldo Puente subrayó en su auto que el contrato de alquiler con opción de compra firmado por el ex secretario de organización del PSOE se fijó en un precio de venta de 750.000 euros, un precio "aparentemente muy inferior al de mercado". 

Otras de las vías a las que apunta el Supremo son los beneficios que pudo obtener la expareja de Ábalos por el "papel principal" de este en la trama. El juez investiga si la estancia de Jésica en un lujoso piso del centro de Madrid y su contratación en Ineco vino propiciada por la mano amiga del exministro. Según su versión, la responsabilidad de estas gestiones con los socios de Aldama corrieron a cargo de Koldo García y su hermano, Joseba García.

La investigación que se inició en la Audiencia Nacional y que ahora dirige el magistrado Leopoldo Puente en el Supremo, nació a raíz de las contrataciones destinadas a la compra de mascarillas sobre las que apuntó en su auto de imputación a que Aldama hizo uso de su relación personal con el exministro y su entonces asesor "para obtener información privilegiada que le permitiera asegurarse la adjudicación". Al respecto, el juez ya señaló en su auto que los indicios contra el antiguo mano derecha de Pedro Sánchez no sólo se apoyan en las declaraciones de Aldama, sino sobre senda documentación obrante en la causa que cumple un año esta misma semana. 

Comisiones a Ferraz

Después de doce meses, la causa avanza en varias direcciones y una de ellas apunta a Moncloa. Víctor de Aldama acusó al diputado del grupo mixto y a otros cargos del PSOE de haber cobrado comisiones en efectivo. El empresario aseguró durante su declaración el Supremo que a cambio de las obras "pre-adjudicadas" varios empresarios y él mismo pagaron un 1,4% de comisión por obra al entonces responsable de Transportes y su exasesor, y que parte de ese dinero llegaba al PSOE.

Entre los cargos señalados por Aldama por el presunto cobro de comisiones destacan el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, o el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, también citado como testigo por el TS. El expresidente del Zamora CF manifestó, además, que el exministro se convirtió en "la llave" para llegar hasta otros ministerios como el de Reyes Maroto o Teresa Ribera. Con la nueva cita de Ábalos ante el Supremo, el juez tiene una nueva oportunidad para ahondar en la presunta relación de Aldama con distintos miembros del Gobierno y si pudo utilizar estos contactos para conseguir ventajas empresariales de manera irregular. 

Las acusaciones populares personadas en el 'caso Koldo' ya planean pedir la citación de algunos cargos del PSOE. En concreto, Hazte Oír pedirá al juez citar como testigo a la portavoz madrileña Reyes Maroto después de que salieran a la luz varias conversaciones con Víctor de Aldama sobre presuntas reuniones con el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, en plena negociación para el rescate de Air Europa. 

La lista de nombres del Gobierno de Pedro Sánchez salpicados por el 'caso Koldo' o, al menos, por su relación con el expresidente del Zamora CF se hace cada día más larga. En su segunda visita al Supremo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez imponer medidas cautelares conta el que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez. En concreto, el Ministerio Público ha solicitado que se le retire el pasaporte e imponer la obligatoriedad de comparecer en el juzgado cada quince días. 

• Tags
• Víctor de Aldama
• Tribunal Supremo
• José Luis Ábalos