El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado tiene en su mesa la petición de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso con la que se pretende reclamar el terminal móvil entregado por la 'número dos' del PSOE en Madrid, Pilar Sánchez Acera, a su salida de Presidencia de Gobierno. A la espera de la comisión rogatoria remitida a los servicios de WhatsApp en Estados Unidos para acceder a los mensajes borrados del fiscal general, que supone la principal línea de investigación abierta por el alto tribunal para rastrear la filtración sobre la pareja de la presidenta madrileña, el instructor estudia solicitar a la oficina de móviles dependiente de la Dirección General de Racionalización y Centralización de contratación del Ministerio de Hacienda la entrega del dispositivo.
El juez ya activó la vía Moncloa el pasado 13 de enero en su auto de imputación a Álvaro García Ortiz, en el que apuntaba a Presidencia de Gobierno como parte actora en la filtración del correo del abogado Carlos Neira. Ahora, tras escuchar en sede judicial la testifical de Sánchez Acera el pasado 12 de marzo, el magistrado tendrá que resolver sobre si requerir a la Administración el teléfono entregado por la exasesora de Óscar López, tal y como ha solicitado la defensa del novio de la dirigente 'popular'.
La demanda sobre las comunicaciones de Sánchez llegó justo después de que la testigo reconociera ante el juez que tras entregar el terminal móvil por su cambio de puesto en septiembre de 2024 se procedió al borrado del dispositivo por parte de un técnico del Ministerio de Transformación Digital. Esta operativa, también seguida por el principal investigado de la causa Álvaro García Ortiz, hace imposible la aportación de manera voluntaria de las conversaciones que la exasesora hubiese mantenido sobre la información que afectaba a la pareja de Ayuso, puesto que dicha copia de seguridad tampoco fue transferida al nuevo dispositivo facilitado por la Administración. Si el instructor decide acotar la vía Moncloa a través de Sánchez Acera sólo podrá hacerlo después de conferir a esta el estatus de investigada.
Por ello, las fuentes consultadas sostienen que la estrategia de Hurtado podría pasar por no responder al requerimiento de la defensa de González Amador hasta no conocer la respuesta de la comisión rogatoria remitida a los servicios de WhatsApp en Estados Unidos. De esta forma, el instructor se aseguraría poder acotar la 'vía Moncloa' mediante dos frentes, priorizando, en este caso, el estudio de las comunicaciones del fiscal general para descartar la existencia de cualquier comunicación del 'equipo fortuny' con algún enlace del PSOE.
Borrado de mensajes
El baile de dispositivos móviles en Moncloa y la Fiscalía General del Estado complica la causa dirigida por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado en torno a la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, la exasesora de Moncloa reconoció ante el alto tribunal que a pesar de haber conservado el mismo número de teléfono en un inicio, decidió cambiarlo también después de que se difundiera en los medios de comunicación las comunicaciones mantenidas con Juan Lobato el día de la filtración del correo, ante el temor de la divulgación de dicho número de teléfono.
Por su parte, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, declaró como testigo en el Supremo que él también entregó su dispositivo tras cesar en su cargo, sin embargo, este sí transfirió los datos del anterior terminal a su nuevo móvil. Al respecto, la defensa de González Amador solicitó en su escrito del pasado 13 de marzo requerir directamente la voluntaria aportación de los 'whatsapps' que desee incorporar al sumario.
El instructor ya ha mostrado en distintas resoluciones su posición respecto a la filtración del correo enviado por la defensa del novio de Ayuso al fiscal Julián Salto en la que la UCO atribuye a Álvaro García Ortiz un "papel preeminente". Hurtado sostiene que la comunicación publicada en El Plural, y que Sánchez Acera hizo llegar a Juan Lobato a través de WhatsApp, salió de la Fiscalía General del Estado con destino Presidencia del Gobierno.
La respuesta de la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos será clave para rastrear la filtración y acotar el papel que jugó el máximo representante del Ministerio Público. Cabe recordar que la Guardia Civil informó al magistrado de la respuesta de Google y WhatsApp respecto a los mensajes del fiscal general del Estado. Las compañías conservarán todos los datos que afectan a Álvaro García Ortiz y que han sido solicitados por el magistrado Ángel Hurtado en torno a la investigación que dirige por un presunto delito de revelación de secretos.
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