El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó sacar el 'impuestazo' a la banca contra viento y marea. El líder socialista no sólo desoyó las advertencias del Banco Central Europeo y de Bruselas. Tampoco tuvo en cuenta las peticiones expresas que le hicieron llegar algunos de los protagonistas del sector financiero.
Uno de ellos es Ana Botín. La presidenta del Santander llegó a reunirse con Sánchez para trasladarle la inquietud del sector y las consecuencias que acarreaba alargar sin límite la vida del polémico impuesto. Ese encuentro se produjo cuando estaban abiertas aún las negociaciones sobre la 'tasa', que nació con carácter provisional y que Hacienda decidió convertir en permanente. La amenaza se materializó el 21 de noviembre, cuando el PSOE logró -tras una agónica negociación con sus socios- sacar adelante el impuesto en el Congreso.
Fuentes conocedoras de los contactos aseguran que el encuentro se produjo en La Moncloa. Durante la reunión, celebrada bajo la más absoluta discreción, el presidente del Gobierno se mostró receptivo con los argumentos que le expuso la presidenta del mayor banco español. Fuentes oficiales del Santander, sin embargo, niegan que este encuentro tuviera lugar y limitan los contactos directos de Botín con Sánchez a la ronda que hizo la banquera el pasado año, con motivo de la celebración de las elecciones generales. En ese momento, la banquera mantuvo reuniones con los principales líderes políticos.
En las semanas previas a la aprobación del impuesto, los bancos más afectados llevaron a cabo una campaña organizada en distintos niveles, con el fin de frenar -o al menos suavizar- el castigo fiscal. Aparte de los contactos 'anónimos' entre banqueros y responsables políticos, los principales directivos del sector aprovecharon la presentación de sus resultados trimestrales para exteriorizar las quejas.
Los principales afectados
El impuesto “perjudica el crecimiento, discrimina, nos deja en desventaja frente a otros países”, advirtió el consejero delegado del Santander, Héctor Grisi, el 29 de octubre. Los gobiernos deben crear buenas condiciones a la inversión. La inversión y los beneficios son la mejor forma para pagar impuestos. Haremos todo lo que se tenga que hacer para tratar de que esto no suceda”, aseveró.
Dos días después, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, incidió en la "discriminación" que implicaba la medida fiscal. No en vano, la entidad catalana, líder en el mercado español, sufrirá especialmente el 'hachazo' de Hacienda. "Somos los que más pagaremos", aseguró Gortázar, antes de dar paso a la ironía: "Se le podría llamar la tasa CaixaBank".
Lo cierto es que la entidad catalana, BBVA y Santander serán las mayores víctimas del 'impuestazo' permanente. Hacienda pasará de aplicar un tipo del 4,8% a un otro progresivo, hasta alcanzar el 7% para las entidades cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros, según los primeros cálculos efectuados por Europa Press. CaixaBank, BBVA y Santander sufrirán ese tipo del 7%, que se reducirá al 6% en el caso de Sabadell y al 4,% en el de Bankinter y Unicaja.
Presión de las patronales
Junto a las denuncias públicas de los altos directivos, también han hecho una importante labor de lobby las patronales sectoriales, tanto la AEB como la CECA. Ambas se coordinaron para lanzar un comunicado conjunto el 21 de noviembre, coincidiendo con el debate parlamentario de la medida. En la nota, denunciaban "la inseguridad jurídica y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector ni valoración de los órganos consultivos".
Tanto la AEB -presidida por Alejandra Kindelán-, como la CECA -liderada por Isidro Fainé- advierten que el nuevo gravamen restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas. "Este impuesto no tiene parangón en los países de la UE por lo que perjudica la competitividad de las entidades de crédito españolas y del conjunto de la economía, y carece de justificación técnica porque la política monetaria ha entrado en un nuevo ciclo de bajada de los tipos de interés", añade el comunicado.
Lo cierto es que el Banco Central Europeo ya planteó serias objeciones cuando el Gobierno aprobó en su día la 'tasa'. La institución que comandan Christine Lagarde y Luis de Guindos tendrá que volver a pronunciarse ahora sobre el 'hachazo', pero todo indica que volverá a ser crítico con la permanencia.
Bruselas tampoco ha escondido sus dudas. Al contrario, a finales de noviembre, la Comisión Europea advirtió que el impuesto castiga a los "bancos eficientes". En su informe de otoño, los técnicos comunitarios aseguran que la decisión del Gobierno puede afectar al crédito y tener consecuencias especialmente negativas para los hogares con menos ingresos.
