La Comisión Europea (CE) ha negado que España necesite aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021 para poder recibir los 140.000 millones de euros que le corresponden del fondo de reconstrucción de 750.000 millones para recuperar la economía de la crisis del coronavirus.
Según revela el diario El Mundo, que preguntó directamente a la CE si era requisito la aprobación de las cuentas para recibir los fondos, Bruselas ha afirmado que "la presentación y valoración de los planes presupuestarios, y de los planes de recuperación y resiliencia son dos procesos separados y distintos", por lo que sería posible enviar éstos últimos a la Comisión incluso si el Ejecutivo no logra sacar adelante las cuentas.
La CE precisa a El Mundo, no obstante, que "aunque no existe vinculación formal entre ambos, es importante que los objetivos de cada uno de ellos sea consistente con el otro", dado que es lógico que los Presupuestos incluyan en el apartado de transferencias de la UE los 72.700 millones que recibiremos en forma de ayudas para financiar reformas, y que tengan en cuenta también los 67.300 millones restantes en forma de créditos que habrá que devolver.
La aclaración de Bruselas se produce después de que el presidente del Gobierno haya intentado convencer al arco parlamentario de la necesidad de sacar las cuentas para recibir las ayudas.
"Este fondo no se puede abordar sin unos presupuestos en España con carácter inmediato. Esto es lo que me gustaría también trasladar a esta Cámara (...) Los Presupuestos Generales del Estado son el tronco que permite canalizar los recursos procedentes de la Unión Europea. Desvincularlos sería una grave irresponsabilidad y comprometería también la absorción y la ejecución de esos 140.000 millones de euros durante los próximos seis años", comentaba Sánchez en el Senado.
Alineado con Hacienda
El mismo mensaje ha sido reiterado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también defiende que los PGE son el mejor vehículo para articular las ayudas.
La cuestión está en que, aunque efectivamente lo sean, no son un requisito indispensable para poder recibir las ayudas y canalizarlas a las reformas pertinentes.
