La asociación de productores de whisky escocés ha puesto de manifiesto que el proceso político abierto en Escocia para plantear la independencia le genera muchas dudas y que éstas pueden conllevar consecuencias muy negativas para el crecimiento económico.
Éstos no quieren entrar en el debate sobre la reforma constitucional y se muestran prudentes en su lenguaje, pero sí piden a los mandatarios escoceses que tengan muy en cuenta una serie de consideraciones necesarias para mantener los 35.000 puestos de trabajo del sector.
Este grupo representa el 80 por ciento de las exportaciones de alimentos y bebidas de Escocia y ha informado a las autoridades escocesas sobre sus preocupaciones en varias misivas. Sin embargo, la asociación explica que los políticos apenas le han prestado atención.
Las casas elaboradoras de whisky exigen saber si se continuaría en la UE, qué acceso al mercado tendría el nuevo Estado, que capacidad negociadora lograría en la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud y en qué áreas tendría representación comercial.
Piden que el nuevo país garantice la protección de sus exportaciones y ayude en la consolidación de nuevos mercados.
Afirman que es muy importante que todas las empresas sepan de forma clara e inequívoca cuáles serán las consecuencias de la independencia y, por lo tanto, demandan un debate en el que se diferencien perfectamente las cuestiones políticas de los hechos.
Esta actitud contrasta con la adoptada por el empresariado catalán. Salvo excepciones como el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, la mayor parte ha optado por quedarse al margen con la esperanza de que el soufflé del independentismo se desinfle.
Fuentes del sector de la distribución en España confiesan en privado que este año se espera un boicot a los productos catalanes mucho mayor del experimentado en 2005 con el cava.
