La impresión recogida en el Gobierno es que László Ándor “no se ha estudiado la reforma laboral” que entró en vigor pronto hará un año, y ha improvisado su propuesta de contrato único aprovechando la corriente que circula por Bruselas a favor de que España profundice en sus reformas como contrapartida a los dos años extra que ha ganado para reducir el déficit. Ándor expuso su idea el martes como una reflexión y ayer reculó en ella al contemplar, en su último día de estancia en Madrid, la reacción contraria del Gobierno, de todas las fuerzas políticas, de los sindicatos y de los empresarios.
Se ha formado de esta forma una especie de pacto ‘anti Bruselas’ ya que ni el Gobierno está de momento por la labor de dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral ni los llamados agentes sociales la ven tampoco oportuna hasta que no queden bien testados los efectos de la que entró en vigor en julio del año pasado, después de una dura controversia política y sindical.
La ministra Fátima Báñez considera inconstitucional el contrato único, mientras que CEOE considera que es una propuesta "atrevida", sin cabida en la economía española
El invento del contrato único, algo que no ha sido puesto en marcha en ningún país de la eurozona, lleva tiempo circulando, sobre todo desde que el Fondo Monetario Internacional, en la etapa del controvertido Dominique Strauss-Kahn, recomendó a España la eliminación de la distinción entre contratos fijos y temporales mediante la creación de un contrato exclusivo con carácter indefinido e indemnización de 12 días por año trabajado.
La iniciativa tenía cierto fundamento teniendo en cuenta que, cuando fue formulada, la indemnización por despido improcedente era de 45 días por año trabajado para los contratos indefinidos frente a los ocho días para los temporales. Después de la última reforma, la brecha entre ambas modalidades de contratación sigue siendo significativa: 33 días por despido improcedente y 20 por despido objetivo en indefinidos frente un máximo de 12 días en los temporales. El FMI volvió a insistir en su propuesta de contrato único el año pasado, un mes antes de la entrada en vigor de la reforma trasladada por el Gobierno del PP al Congreso, como la solución mágica para abaratar el coste del despido improcedente. La idea volvió a caer en saco roto, entre otras razones porque ni aglutinaba el consenso de sindicatos y empresarios ni tampoco se acomodaba a la “causalidad” que obliga a exponer algún motivo para los despidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en las leyes internacionales firmadas por España. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, señaló ayer que el contrato único fue estudiado en su día y se concluyó que no entra “dentro de la doctrina constitucional”.
El comisario húngaro László Ándor reculó ayer en su "reflexión" sobre el contrato único al comprobar el rechazo unánime que ha provocado en el Gobierno y las fuerzas políticas
La alergia hacia Bruselas provocó ayer una singular unanimidad. El PP expuso en el Congreso que no hay espacio para el contrato único porque primero hay que medir los efectos de la última reforma laboral. El PSOE emplazó al comisario László Ándor a relatar qué países de la UE han implantado este contrato. IU, CiU y el PNV también rechazaron esta forma de regular las relaciones laborales. Para el presidente de CEOE, Juan Rosell, la propuesta es "muy atrevida" porque la gran presencia de la industria y los servicios en la economía española “hacen necesarios diferentes tipos de contrato”.
Este asunto, aseguran fuentes gubernamentales, ni siquiera será abordado este jueves en la reunión que Mariano Rajoy mantendrá con sindicatos y empresarios en La Moncloa para analizar qué puede hacerse para combatir un nivel de paro tan lacerante como el que sufre España y abordar la futura reforma de las pensiones.
