La banca podrá pedir el Instituto de Crédito Oficial (ICO) todos los avales que quiera para línea de inversión de 40.000 millones sin necesidad de atender a su cuota de mercado, según se desprende de la resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"El criterio de distribución a demanda, es decir, asignando los importes no comprometidos por el orden de petición de las entidades, va a permitir un uso más eficiente de los avales públicos y, por tanto, de los recursos del contribuyente", expone el Ministerio en el documento anteriormente referido.
Además, señala que "el empleo de este criterio no merma las expectativas que pudieran tener las entidades más activas en la concesión de préstamos avalados con cargo a este tramo", ya que seguirán disponiendo de cuota de avales disponibles. Al tratarse de una reasignación a demanda, prosigue, "podrían ver incluso incrementado el importe de avales a los que habrían tenido acceso de haberse seguido con el criterio anterior".
Hasta la fecha, los bancos tenían una cuota de avales asignados con los que podían negociar con las empresas, pero tenían un límite que se marcaba según el tamaño de cada entidad y su peso en el tejido empresarial. Desde este 1 de noviembre este mecanismo ha cambiado debido a la poca demanda de la primera línea de 8.000 euros de avales.
Según fuentes financieras consultadas esta partida del ICO no ha tenido tan buena acogida como la de liquidez (100.000 millones de euros) porque en este momento las empresas no están pensando en hacer crecer sus negocios ante la gran incertidumbre que suscita la covid-19.
El Ministerio de Economía tampoco publica los datos desagregados de esta partida por lo que no se puede saber cuánto de estos 8.000 millones de euros en avales se han consumido. Ésta se suma al total, en el que también se encuentra la línea de liquidez. En total ya se han dado más de 80.0000 millones en avales, que se traducen en una inversión superior a los 100.000 millones de euros.
Ampliar las líneas
Los créditos ICO tienen un año de carencia y se está estudiando la posibilidad de que ese tiempo se amplíe para evitar los impagos. Es un claro 'win-win' porque si las empresas no pueden hacer frente a los préstamos aumenta la morosidad de los bancos y éstos se verían obligados a ejecutar el aval contra el Estado.
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, reconoció la semana pasada que la "ambición" del Ejecutivo es que se amplíe dicha carencia en 12 meses más y así se ha trasladado a la negociación con el sector financiero y con la Comisión Europea (CE), al tiempo que frente al periodo máximo de devolución permitido ha dicho que hay dos opciones sobre la mesa.
"Estamos en este trabajo con el sector financiero y la CE y espero que en próximas semanas se puedan adaptar", señaló la ministra tras elogiar la labor del ICO, que se ha "reinventado" para multiplicar el número de operaciones y hacerlo con agilidad.
