Con el fin de reducir el déficit del Estado, BBVA Research, la Fundación de Estudios de Economía aplicada (Fedea) y la Universidad de Valencia han presentado un documento en el que apuestan por subir el IVA de algunos productos, ensanchar la base imposible del IRPF y del Impuesto de Sociedades y recortar el gasto público un 3% adicional como vías para alcanzar este objetivo.
En un estudio conjunto llamado Notas para una política fiscal en la salida de la crisis, publicado este lunes, se señala que en España el tipo medio efectivo de los impuestos indirectos es muy inferior al de otros países europeos, por lo que cree conveniente "reducir el número de productos que pagan los tipos reducido y superreducido del IVA" y aumentar los impuestos medioambientales. Asimismo, aboga por mejorar la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades, eliminando el sistema de módulos y aumentando la vigilancia sobre las rentas no salariales.
Según los autores del estudio, estas medidas permitirían una subida de la recaudación por Sociedades equivalente al 0,93% del PIB
Según los autores del estudio, estas medidas permitirían una subida de la recaudación por Sociedades equivalente al 0,93% del PIB, así como una mejora de los ingresos ligados a la fiscalidad sobre las vivienda equivalentes al 0,35% del PIB. Si a ello se suma un recorte del gasto público del 2,97% del PIB se podría restar al déficit público 4,24 puntos porcentuales. En el capítulo del recorte del gasto público, el informe apuesta por ir hacia un mayor uso de los mecanismos de copago, especialmente en sanidad y universidades, así como en infraestructuras y transportes.
Por otra parte, afirma que también es necesario aplicar reformas estructurales destinadas a aumentar la ocupación y la tasa de crecimiento de la economía. Así, estima que reducir la tasa de desempleo estructural del 18% actual a niveles cercanos al 6% proporcionaría un margen presupuestario de 9 puntos de PIB, lo que contribuiría a su vez a reducir paulatinamente la deuda hasta situarla por debajo del 60% del PIB y a hacer frente al gasto en pensiones y prestaciones sociales, entre otras cosas.
Por otro lado, el informe destaca que "los datos no respaldan la percepción de que desde 2009 se ha producido un enorme recorte del gasto" que ha comprometido los servicios públicos esenciales, puesto que en la actualidad se sitúa en los mismos niveles que en 2007. Del análisis se desprende que, aunque el gasto cayó un 13% desde su máximo en 2009, se ha incrementado en 8,5 puntos durante el periodo analizado (desde 2003 hasta 2014). También indica que la renta per cápita disminuyó un 8,8% entre 2007 y 2014, mientras que el gasto en sanidad y educación se encuentra en niveles similares a los existentes al comienzo de la crisis, a pesar de los recortes de los últimos años.
Asimismo, el estudio subraya que la partida que más contribuyó al incremento del gasto durante dicho periodo es el pago de las pensiones, que aumentó el 3% entre 2003 y 2014, seguida de las prestaciones por desempleo, la remuneración de asalariados y el pago de intereses, entre otras. Según el informe, el volumen de ingresos es insuficiente para cubrir todas las necesidades de gasto público, debido en gran parte al envejecimiento de la población, de modo que para volver a un gasto en pensiones similar al existente antes de la crisis -y que se pueda cumplir el objetivo de déficit- se necesitaría reducir la tasa de crecimiento de esta partida en un 5,1% anual.
Los autores del estudio afirman que este objetivo es difícil de alcanzar, en vista de las perspectivas demográficas de España y la tendencia de crecimiento del gasto en pensiones, ya que ha aumentado un 4,4% en tasa anual entre 2009 y 2014, en tanto que en los próximos 3 años apenas bajará un 0,43%.
