El director general de Arbora & Ausonia, Manuel Estrelles, ha abandonado la compañía tras la adquisición, anunciada en julio del año pasado, del 50% del capital hasta entonces no controlado por la multinacional estadounidense Procter & Gamble (P&G), operación que se saldó con el traslado de Barcelona a Madrid de la sede central de la compañía, que durante décadas había estado históricamente vinculada a Cataluña y a la familia Carulla, propietaria del grupo Agrolimen.
Fuentes de P&G confirman la salida, hace ya unos meses, de Estrelles, y respecto a si esta ha sido voluntaria, se limitan a señalar que "dentro del proceso de integración de Arbora & Ausonia y P&G, ciertos empleados han preferido no acogerse a las recolocaciones ofrecidas por la empresa".
Sus responsabilidades las ha asumido desde julio pasado, cuando se completó la integración, el portugués Carlos Matos, consejero delegado en la Península Ibérica de la multinacional de gran consumo, fabricante de las cuchillas de afeitar Gillette, las pilas Duracell, el dentífrico Oral-B, el champú Pantene o el detergente Ariel, entre otras conocidas marcas.
Estrelles ha puesto punto y final a una trayectoria de más de una década en Arbora & Ausonia, de la que fue nombrado director general en 2010 en sustitución de José Ignacio Alameda Peralta, que había pilotado la compañía durante nueve años.
Licenciado en Derecho y Empresariales, Manuel Estrelles inició su carrera profesional en Arthur Andersen y se incorporó a Arbora & Ausonia en septiembre de 1997 para asumir la dirección financiera. Con anterioridad había trabajado en la propia P&G como director financiero en Argentina (1993-1997).
Arbora & Ausonia, cuyas marcas más conocidas son Ausonia, Tampax, Evax y Dodot, es uno de los nombres más relevantes del millar largo de empresas que en los últimos meses, en plena polémica por la ofensiva soberanista del Gobierno de Artur Mas, han cambiado Barcelona por Madrid como sede.
P&G decidió cerrar la oficina de Barcelona después de que hace un año sellara la compra de todo el negocio de Arbora en España y Portugal por más de 800 millones de euros, con el propósito de centralizar sus operaciones en la capital de España.
La operación se realizó tras la decisión de los Carulla (muy próximos a CiU) de desprenderse de su participación del 50%, y supuso concentrar la actividad administrativa de la empresa en Madrid.
Tras hacerse con el 100% del capital, P&G (accionista de Arbora desde 1989) mantuvo las fábricas de Montornès, Mequinenza y Jijona, pero decidió cerrar las oficinas de Barcelona y Lisboa y realizar un ajuste en la red de ventas.
La estadounidense presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) con el que inicialmente pretendía despedir a 261 empleados de Arbora & Ausonia en España, aunque finalmente se saldó con 57 despidos y 52 prejubilaciones.
