El Ministerio de Fomento ha exigido a las concesionarias de autopistas en grave situación financiera que retiren los pleitos que plantearon en su día contra la Administración si quieren ser incluidas en la sociedad pública que tiene previsto crear el Gobierno para articular el rescate. Este punto es uno de los que está bloqueando unas negociaciones que Moncloa desea cerrar antes incluso de que finalice el presente mes, aunque las posturas no parecen los suficientemente cercanas.
En su día, la mayoría de las concesionarias que actualmente se encuentran en concurso de acreedores reclamaron en los juzgados que se les restituyera el equilibrio económico-financiero por considerar que concurrían algunas de las circunstancias previstas en los pliegos de condiciones, a saber: una catástrofe natural, una actuación de la Administración o una circunstancia imprevista.
Sin embargo, Fomento les ha trasladado que deberán olvidarse de la reclamación a la Justicia si aceptan formar parte de la nueva sociedad pública de autopistas, en la que las concesionarias tendrán una participación del 20% a cambio de ceder los activos a la empresa.
Una circunstancia que algunas de las concesionarias no están dispuestas a aceptar, incluso aunque decidieran acatar el formato propuesto por el Gobierno para la sociedad de nueva creación.
Cambios de escenario
Fuentes jurídicas señalaron a Vozpóuli que las reclamaciones presentadas en su día por las concesionarias para restablecer el equilibrio económico financiero están fundamentadas en la consecución de actuaciones del Estado posteriores a la licitación y que, por lo tanto, entran en los supuestos contemplados.
Por ejemplo, cuando se licitó la M-12, el acceso a la nueva terminal del aeropuerto de Madrid-Barajas, no había otra vía para llegar a la T4 pero poco después, el Estado articuló una alternativa gratuita.
También es significativo el caso de la AP-41 (Madrid-Toledo), que no tenía sentido por sí misma porque no acorta el recorrido de la autovía gratuita pero en cuyo pliego se especificaba la posterior licitación de otros dos tramos para extender la autovía de peaje hasta Córdoba. Sin embargo, los mencionados tramos nunca vieron la luz, lo que hacía del todo inviable la AP-41.
Sin postura conjunta
No obstante, las grandes constructoras, principales accionistas de las concesionarias implicadas, no han logrado articular una postura conjunta. Seopan, la patronal que las agrupa, celebró ayer un encuentro, al margen de su junta directiva, para tratar el asunto del rescate de las autopistas de peaje en la que quedó de manifiesto la dificultad de llegar a un punto de acuerdo.
“Hay muchos intereses y cada compañía está en una situación diferente. Fomento podría poner de acuerdo, no sin esfuerzo, a tres o a cuatro grupos, pero hay más de veinte accionistas involucrados en este proceso”, indica una fuente del sector.
La cantidad ofrecida por Fomento en concepto de compensación por los sobrecostes de expropiaciones también divide a los involucrados. El Gobierno propone una pequeña quita sobre la cantidad inicial a cobrar (en torno a los 375 millones de euros) pero, a cambio, asegura su cobro en un año y no en seis como estaba previsto.
