La operación urbanística que permitirá a Dragados, la constructora del grupo ACS, disponer de 100.000 metros cuadrados de suelo para vivienda protegida en el madrileño distrito de Tetuán ha pasado una cara factura a los ciudadanos de la capital. El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a indemnizar a los antiguos propietarios del suelo sobre el que planeó el desarrollo con algo más de 30 millones de euros. Se trata de particulares y sociedades a los que el Consistorio expropió en su día y que han reclamado sus correspondientes derechos de reversión, toda vez que los terrenos no se han destinado al fin que justificó en su día la expropiación.
En los años 80, el Ayuntamiento expropió suelo en un extremo del distrito de Tetuán, en la zona norte de Madrid, para la construcción de una gran zona verde, lo que después fue bautizado como Parque Rodríguez Sahagún, en memoria del exalcalde de la capital. Sin embargo, los planes urbanísticos dejaron en prácticamente la mitad la extensión del parque, por lo que el Ayuntamiento, por entonces bajo el mando del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, decidió urbanizar el resto, cuyo límite se encuentra en el Paseo de la Dirección.
Toda vez que la finalidad definitiva de la expropiación de esos terrenos no se correspondía con la original que la motivó, los propietarios de las aproximadamente 30 fincas afectadas decidieron ejercer sus derechos de reversión, por el que pueden optar a recuperar la propiedad de los terrenos o bien ser indemnizados.
Por este motivo, y dado que el Ayuntamiento mantiene los planes de urbanizar la zona, la solución ha consistido en una compensación económica que ha sumado unos 30 millones de euros de las necesitadas arcas públicas madrileñas.
A la espera del nuevo convenio
Dragados, a la que el Ayuntamiento adjudicó a mediados de la pasada década la urbanización del área conocida como Paseo de la Dirección, espera a que el Consistorio apruebe definitivamente la modificación del Plan de Ordenación Urbanística que permitirá cambiar el convenio firmado en su día para regular esta concesión, toda vez que la crisis hizo que a la compañía no le salieran las cuentas.
En 2007 se firmó el convenio que ahora se pretende sustituir por el que Dragados recibiría como pago por los trabajos de urbanización de la zona una porción de terreno de algo más de 75.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda libre, valorada por entonces en 2.310 euros por metro cuadrado.
La llegada de la crisis hizo que la operación, que en principio era muy beneficiosa para la compañía, se convirtiera en una trampa debido a que el desplome del sector residencial y la consiguiente caída de precios hacían completamente imposible que Dragados obtuviera rentabilidad de la concesión.
Desarrollo paralizado
La compañía decidió paralizar prácticamente el desarrollo, a mediados de 2011, y solicitar al Ayuntamiento un rescate de la concesión debido al cambio del entorno macroeconómico. Tras una extensa negociación, el Consistorio decidió modificar la reforma del Plan de Ordenación Urbanística que afecta a la zona para adaptarlo a las nuevas circunstancias, trámite que se encuentra únicamente pendiente de la aprobación definitiva por parte del pleno.
En cuanto se apruebe la modificación, Dragados y el Ayuntamiento firmarán un nuevo convenio por el que la compañía pasará a recibir unos 100.000 metros cuadrados de suelo como retribución por los trabajos de urbanización pero, a diferencia del anterior convenio, el suelo será para desarrollar vivienda protegida, valorado entre 470 y 645 euros por metro cuadrado.
Los números comenzarán a cuadrarle a Dragados, aunque distinta es la situación para el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido que indemnizar a los reversionistas, a los afectados por la urbanización de la zona, que siguen padeciendo las consecuencias de las obras paralizadas y del consiguiente deterioro de la zona, que hace que también bajen a pasos agigantados las valoraciones de las viviendas que van a tener que dejar.
