Los bancos españoles se enfrentan al riesgo incluso de perder su licencia bancaria en el caso de cometer infracciones muy graves relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo contempla al menos la Ley 10/2010, que en el apartado de sanciones prevé como una de las más fuertes y "tratándose de entidades sujetas a autorización administrativa para operar, la revocación de ésta", tal y como indica el articulado.
La normativa bancaria vigente contra el blanqueo de capitales es ingente. Solo en la web del Banco de España aparecen 22 leyes, decretos y órdenes en las que se detalla y regula la actuación de los bancos respecto de los movimientos de capitales entre países. Dentro de estas normas se desarrolla, como es preceptivo, el régimen sancionador para aquellos que cometan infracciones relacionadas con esta tipología de fraude fiscal. Y como en otros casos, hay en la norma bancaria sanciones leves, graves y muy graves.
También se prevén "amonestaciones públicas" y multas de entre 150.000 y 1,5 millones de euros
La de la retirada de la licencia para operar es tan solo una de las opciones que la legislación contempla para las infracciones consideradas muy graves en materia de blanqueo de capitales. Así, también se prevén "amonestaciones públicas" y multas de entre 150.000 y 1,5 millones de euros. Para cualquier multa económica ha de sumarse, por norma, al menos otra de las dos sanciones previstas (amonestación o revocación de la autorización para operar).
Además de las sanciones a las entidades financieras, la Ley 10/2010 también refleja un compendio de multas para los responsables de las mismas, tanto cargos directivos como miembros del Consejo de Administración. Así, los altos cargos pueden verse obligados a pagar entre 60.000 y 600.000 euros, verse inhabilitados para el desempeño de su cargo hasta 10 años (siempre en caso de infracciones muy graves).
Los reguladores internacionales también juegan
Pero más allá de la normativa española y europea, las entidades financieras se enfrentan a la supervisión de las autoridades a nivel internacional, que también pueden llevar a cabo sus propias labores de control. El caso más reciente es el de Banco Madrid. La entidad acabó sometida a un concurso de acreedores después de una accidentada actuación de las autoridades estadounidenses contra Banca Privada d'Andorra (BPA), la matriz de la entidad madrileña, debido a unas sospechas por blanqueo de capitales y financiación al terrorismo que acabaron siendo archivadas.
A pesar de que Banco Madrid reconoció ante el juez 29 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, sin un impacto significativo en la solvencia de la entidad, el pánico desatado por la investigación de las autoridades estadounidenses y la falta de apoyo por parte de las españolas acabaron por desencadenar el concurso de acreedores de la entidad presidida por José Pérez.
