Guiño en toda regla y en sede parlamentaria. El Govern de Carles Puigdemont ha metido una colleja a la compañía de aguas ATLL, controlada por Acciona, para demostrar a la CUP que no olvida uno de sus principales planteamientos electorales, la renacionalización de la que fue empresa pública de aguas de Cataluña.
Las tensiones entre Junts pel Sí y la coalición anticapitalista que permitió a Puigdemont llegar al poder son cada día más marcadas y uno de los puntos de fricción se escenifica en torno a la compañía que privatizó Artur Mas y cuya adjudicación a Acciona y sus socios está pendiente de decisión judicial.
En marzo pasado, la CUP se alineó con el PSC para sacar adelante en el Parlament una proposición de ley para quitar al consorcio de Acciona la titularidad de la empresa y devolverla a manos públicas.
La Generalitat quiere demostrar que tiene a raya a Acciona, que controla ATLL, pero por ahora intenta evitar poner en marcha un proceso para renacionalizar la compañía
Dos meses después, el consejero de Territorio, Josep Rull, intenta templar gaitas con la CUP y lo ha hecho en su comparecencia ante el Parlament. Rull anunció que el Govern prepara una multa de 4 millones de euros a ATLL por haber cometido una infracción grave al utilizar una empresa instrumental con la que facturó servicios sin haber recibido la autorización previa de la Administración.
La multa aún no se ha puesto, pero Rull quiere dejar claro que la Generalitat está siendo muy vigilante con las actividades de la empresa privatizada. Eso sí, ha sido sólo una colleja, porque el Govern ha desestimado la petición de la Oficina Antifraude de rescindir el contrato con Acciona y ha descartado que la supuesta infracción grave de ATLL haya provocado una subida encubierta de las tarifas del agua para los ciudadanos catalanes o una pérdida de calidad en el servicio.
Rull fue muy agresivo al recordar que la Generalitat será “extraordinariamente rigurosa a la hora de gestionar las concesiones”, pero de anular el contrato de privatización nada.
Fue la venta de ATLL lo que permitió in extremis a Artur Mas salvar las cuentas de Cataluña en el ejercicio 2012. Retirar la adjudicación al consorcio liderado por Acciona tendría unos costes altísimos para el erario público catalán, algo que no puede permitirse el Govern.
Pero quién tiene la última palabra es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en los próximos meses tiene previsto pronunciarse sobre la legalidad de la adjudicación de finales de 2012, proceso que fue impugnado por Aguas de Barcelona, la compañía perdedora.
