Ocho empresas y varias Administraciones públicas mantuvieron durante una década y media un cártel de servicios informáticos y tratamiento de datos por el que se repartieron licitaciones, alteraron precios de los contratos públicos e intercambiaron información sensible para restringir la competencia del mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado recientemente estas prácticas con una multa de 30 millones de euros y ha trasladado a la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, toda la información que ha recabado por si las entidades sancionadas –entre las que se encuentran Indra, IBM y Atos- podrían haber cometido ilícitos penales. Según han explicado a Vozpópuli fuentes de competencia, la investigación sobre estos hechos se inició después de recibir un ‘chivatazo’ interno desde la Agencia Tributaria, uno de los organismos implicado en los hechos.
La información llegó a Competencia en mayo de 2015, dentro de un correo electrónico –según estas fuentes- que incluía varias decenas de páginas con diversa documentación en la que se especificaban las prácticas prohibidas realizadas por el 'cártel'. Entre estas actividades, se encontraba la puesta a disposición de las empresas de información detallada sobre los contratos públicos antes de su publicación; o la modificación de las condiciones de licitación para que las compañías implicadas tuvieran ventaja con respecto a sus competidores.
De los hechos denunciados se deduce que las Administraciones e Instituciones implicadas –que finalmente no fueron sancionadas- también eran conocedoras de este tipo de estratagemas y participaron en el establecimiento del ‘cártel’, que dejó un sector importante, y en desarrollo durante las últimas décadas, en unas pocas manos. Entre ellas, se encuentra la AEAT, la Autoridad de Certificación de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Algunos de los contratos licitados de forma fraudulenta todavía siguen en vigor, por lo que las consecuencias de estas prácticas irregulares se extenderán hasta su finalización, detallan. Estos acuerdos tenían que ver con servicios de consultoría en informática e instalación de equipos; y tratamiento de datos de los clientes, entre otros.
Colaboración con la UCO
Según adelantó eldiario.es y han confirmado a Vozpópuli fuentes oficiales del regulador, las pruebas recabadas durante la instrucción han sido trasladadas a la Guardia Civil por si fueran constitutivas de delitos penales, que exceden el ámbito administrativo en el que desempeña la CNMC. En este sentido, estos informantes inciden en que no es la primera vez que Competencia colabora con la Guardia Civil; y recuerdan que también lo hizo en la Operación Ámbar, en la que se desmanteló una organización criminal destinada a la comercialización de energía eléctrica.
Algunos de los contratos licitados de forma fraudulenta todavía siguen en vigor, por lo que las consecuencias de estas prácticas irregulares se extenderán hasta su finalización
Entre las empresas que se beneficiaron de estas ventajas competitivas del 'cártel de la informática' se encuentra Indra, multada con 13,5 millones de euros y presidida entonces por Javier Monzón, actual vicepresidente del Grupo Prisa.
También figuraban Software AG, Atos Spain, Connectis ICT Services, IBM, Everis Spain, Babel Sistemas de Información, Cibernos Consulting, Gesein, Accenture y Next Computer Services. La posición que lograron en el mercado como consecuencia de estas acciones hacía prácticamente imposible competir en determinadas licitaciones a otras empresas del sector
Se da la circunstancia de que la resolución de la CNMC estuvo apostillada por un voto particular, firmado por la consejera Pilar Canedo, en el que defiende que los organismos públicos implicados en la trama también deberían haber sido parte del expediente, dado que existen indicios de que podrían “ser conocedores de la existencia del reparto de mercado y que podrían haber jugado un papel activo en el mismo”.
Denuncias anónimas
Desde Competencia, han hecho un llamamiento para que los trabajadores de las Administraciones que, de un modo u otro, están implicados en las licitaciones informen a la CNMC de cualquier indicio de actividad fraudulenta que puedan detectar. De hecho, el regulador incide en que durante los últimos meses ha organizado varios cursos para ayudar a estos trabajadores a detectar este tipo de conductas sospechosas.
A este respecto, recuerdan que la detección de este 'cártel' fue posible gracias a la documentación que recibió el regulador por parte de alguien de la AEAT cuyo anonimato, evidentemente, ha sido respetado.
