Deloitte va a dejar a los promotores de energías renovables sin el ya tradicional informe sobre el impacto macroeconómico del sector que la firma de auditoría y consultoría venía elaborando desde el año 2009, y en el que recopilaba datos sobre las bondades de las energías verdes para la economía española en general y el sector eléctrico en particular.
Aunque fuentes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) aseguran que las partes todavía están negociando (la orientación y el contenido del informe suelen decidirse por estas fechas), personas al tanto del proceso aseguran que la decisión ya está tomada, pese a que Deloitte todavía no la ha comunicado oficialmente a Appa, según esta asociación.
Según las mismas fuentes, la firma, que no hace ningún comentario sobre este asunto, ha decidido no elaborar el documento tras ver cómo se convertía en un arma arrojadiza entre los distintos agentes del sector eléctrico. Y añaden que Deloitte ha ofrecido a Appa elaborar el documento de forma confidencial, pero la asociación se ha negado.
La decisión llega en un momento crítico para el sector, marcado por el cruce de acusaciones y argumentos entre los distintos agentes. Eléctricas tradicionales y operadores de energías renovables ven venir un recorte a sus retribuciones (fundamentalmente, vía impuestos y tasas), a la espera de lo que depare la reforma energética que, si no hay nuevos retrasos, podría aprobar el Gobierno este viernes para taponar el gigantesco déficit tarifario acumulado (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico).
La última edición del informe de Deloitte para Appa (correspondiente al año 2010), presentada en noviembre pasado, negaba que las renovables hayan provocado el déficit de tarifa, como aseguran las eléctricas tradicionales agrupadas en la patronal Unesa, que ha reclamado con insistencia que se eliminen los incentivos a tecnologías como la eólica y, en especial, a la fotovoltaica y a la termosolar. En concreto, Deloitte aseguraba que “existe un abaratamiento” en el coste de adquisición de la energía en el mercado mayorista derivado de las energías renovables, que habrían permitido al sistema eléctrico un ahorro neto de 9.173 millones de euros en el periodo 2005-10, que propició una reducción del 37% en el déficit de tarifa acumulado. Ese periodo coincide con la explosión de las renovables en España y con el aumento exponencial del déficit (pasó de algo más de 4.100 millones en 2005 a los más de 24.000 millones de 2010).
Sin las energías verdes, siempre según el documento, el agujero eléctrico se habría situado en 33.750 millones de euros, frente a los 24.582 millones a los que ascendía a la fecha de elaboración del informe. Además, cifraba en el 0,94% del PIB la contribución de las renovables a la economía española, destacaba su inversión en I+D+i (el triple que la media nacional), su efecto en las emisiones de CO2 (con un ahorro de 2.483 millones de euros entre 2005 y 2010) y su peso en el empleo (111.455 puestos de trabajo directos e indirectos) y en las exportaciones.
Algunas fuentes sostienen que, con su decisión, Deloitte, que audita a algunas de las empresas objeto de las críticas de la patronal Unesa (en concreto, ACS y Acciona), buscaría un acercamiento hacia las eléctricas tradicionales, para las que (exceptuando trabajos puntuales) apenas ha facturado en los últimos años. En la década pasada, la firma estadounidense fue auditora de Endesa (entre 2002 y 2008) y de Iberdrola (entre 2002 y 2005). Y, previamente, en los 90, ambas empresas encomendaban esa labor a Arthur Andersen, adquirida por Deloitte en 2002, después de que el colapso de la eléctrica estadounidense Enron acabase con esa firma.
Desde 2009, la labor de auditoría de las grandes eléctricas (los cinco socios de Unesa) está en manos de las otras tres grandes firmas del sector, que el año pasado les facturaron por sus servicios cerca de 76 millones de euros, de los que la mayor parte correspondió a E.ON, con 52 millones, e Iberdrola, con 12,1 millones. Actualmente, Ernst & Young audita a Iberdrola y Endesa, así como al principal accionista de esta, la italiana Enel; PwC, por su parte, supervisa las cuentas de Gas Natural (lleva haciéndolo 21 años) y la alemana E.ON; y KPMG, las de la portuguesa EdP.
En marzo pasado, en plena guerra de argumentos entre los promotores de renovables y las eléctricas tradicionales, la patronal Unesa presentó un informe sobre la situación económico-financiera del sector que contó con el asesoramiento de todas las grandes de la auditoría, salvo Deloitte.
