Corporación Ceslar, el accionista rebelde de El Corte Inglés con casi un 10% de su capital, da un paso al frente en la guerra abierta que mantiene con el presidente del grupo, Dimas Gimeno, y el resto de accionistas.
Según fuentes oficiales de Ceslar, su equipo jurídico tiene ya redactada la demanda de impugnación que presentará “el lunes o martes” de la semana que viene contra dos acuerdos aprobados en la junta de accionistas del 30 de agosto. Tal y como adelantó Vozpópuli, Ceslar impugnará, en primer lugar, el punto del orden del día que acordó el cambio de estatutos para eliminar el derecho de suscripción preferente de las acciones de la autocartera (13%) del que gozaban los accionistas del grupo.
Ceslar votó en contra de esta propuesta de cambio tanto en el consejo de administración del 10 de julio, en el que se presentó el contrato para la entrada del jeque catarí en el capital del grupo. También lo hizo en la junta, pero el punto se aprobó con el voto favorable del resto de accionistas.
La demanda de impugnación se presentará en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid
Sin ese cambio estatutario, el inversor Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani no podría haber concedido a El Corte Inglés el préstamo de 1.000 millones de euros que dentro de tres años le permitirá tomar entre un 12,5% y un 15,25% del capital del grupo. Las acciones con las que se quedará el ex primer ministro de Qatar procederán, precisamente, de esa autocartera, que tras la junta ha quedado liberada.
Asimismo, Ceslar también impugnará la decisión de la junta de expulsar a su consejera, Carlota Areces, del consejo de El Corte Inglés, un cese “motivado por los reiterados incumplimientos por Corporación Ceslar S.L. de sus deberes legales como administrador", según argumentó el grupo de distribución tras la celebración de la asamblea.
La doble demanda de impugnación se presentará ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, según confirman fuentes de Ceslar, que alertan de que si su andanada jurídica sale adelante, El Corte Inglés tendría que modificar el contrato con el jeque árabe, algo que tendría consecuencias imprevisibles.
Hay tantas cláusulas en el contrato para penalizar al grupo español en caso de incumplimientos o cambios inesperados sobrevenidos que un revés de este tipo podría acarrear la activación de algunas de estas cláusulas, el pago de millonarias cantidades al jeque y, en caso extremo, hasta la anulación del acuerdo de entrada y su marcha de la compañía.
Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli señalan que la demanda de impugnación sobre el cambio de estatutos “tiene todas las de perder, ya que es un acuerdo sellado en junta por abrumadora mayoría del accionariado y sólo un voto en contra, y tiene toda la legitimidad”.
