Garoña no será, ni mucho menos, la última central eléctrica en cerrar en España por el impuestazo del Gobierno al sector, según Endesa. A la nuclear más antigua de España, que podría clausurarse incluso antes del próximo julio (y que es propiedad de Endesa e Iberdrola), le seguirán muchas otras plantas, según la compañía que preside Borja Prado, que pronostica el cierre progresivo de todas las centrales nucleares que operan en España, a medida que cumplan los 40 años en operación, y todas las plantas de carbón. El motivo, el impuestazo al sector cuya tramitación ultiman las Cortes.
La segunda eléctrica española, propiedad de la italiana Enel, ha puesto cifras esta semana a la amenaza de cierres que vienen esgrimiendo las eléctricas desde que se presentó el proyecto de ley de Medidas para la Sostenibilidad Energética. Según el subdirector de Estrategia, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Endesa, José Casas, “los nuevos impuestos supondrán el cierre de 17.908 megavatios (MW) en un horizonte de 14 años”.
Esa cifra supone el 16,9% de la potencia instalada en España al cierre de 2011. A primera vista, podría no parecer un problema, dado que el sistema adolece de una enorme sobrecapacidad (sobran megavatios y no hay demanda). Pero se trata de potencia firme, a diferencia de la renovable, cuya producción es intermitente y no se puede predecir. Y Endesa cree que “para poder cubrir la punta de demanda actual con un margen de reserva [colchón de potencia] del 10%, sería necesario construir cerca de 12.000 MW adicionales en 2028”.
Para cubrir la potencia necesaria en 2028 con eólica habría que instalar hasta 320.000 MW
Eso, si el consumo no crece. Con un incremento del 1% anual, “se necesitarían casi 21.000 MW adicionales”, que implicarían, a precios actuales, una inversión de entre 7.500 y 13.000 millones de euros a los precios actuales, según la eléctrica. La compañía calcula que, en el caso de apostar exclusivamente por la eólica, “se necesitarían entre 180.000 y 320.000 MW instalados para alcanzar el nivel de potencia firme requerido”. Una barbaridad, si se tiene en cuenta que, a cierre de 2011, sólo había 21.239 MW eólicos instalados en España.
En el caso del parque nuclear (7.455 MW, incluida Garoña), este “cerrará progresivamente a lo largo de la próxima década, porque las inversiones de extensión de vida útil (más allá de los 40 años) se hacen inviables con los nuevos impuestos y tasas”. Y con el carbón, lo mismo: la aplicación de los nuevos impuestos “hace inviables las inversiones necesarias” para cumplir con la Directiva Europea de Emisiones Industriales, que la eléctrica cifra en 2.000 millones de euros, lo que “exigirá cerrar las centrales de carbón (10.453 MW) como máximo en 2023”.
Durante su intervención en unas jornadas organizadas por la Real Academia de Ingeniería (RAI) bajo el título "Desequilibrios del sector eléctrico. Retos a afrontar", el directivo de Endesa también utilizó esa palabra, “inviable”, para referirse al impacto del paquete fiscal en la actividad de generación en los sistemas extrapeninsulares, que controla la eléctrica. Según Casas, con los nuevos impuestos la rentabilidad de este negocio pasa a ser negativa (un -3,7% después de impuestos), lo que contrasta con las tasas de la fotovoltaica (9,4%) y la termosolar (10,6%), siempre de acuerdo con las estimaciones de Endesa.
Casas subrayó que, en el caso de la generación extrapeninsular, un 27% de sus costes son fijos y el 73% variables, ya que se apoya en sólo tres combustibles: gasoil, fuel y carbón. “No sabemos qué ha hecho la actividad de generación en las islas cuando tenía un sistema retributivo similar al del transporte de luz gas, o al de los almacenamientos subterráneos”, lamentó.
