El ya lejano boom de la energía fotovoltaica atrajo a cerca de 60.000 inversores que, atraídos por las altas y seguras rentabilidades que ofrecía esta tecnología (las primas las avalaba el Estado), impulsaron desde 2007 cerca de 58.000 proyectos tras los que hay un perfil muy heterogéneo de promotores: agricultores, fontaneros, mecánicos, profesores, abogados, jubilados, parados, grandes patrimonios, grandes empresas… y también algún que otro diputado.
En concreto, y según las declaraciones de bienes y actividades presentadas al Registro de Intereses del Congreso, actualmente hay tres diputados que tienen intereses en el sector fotovoltaico y que, como otros miles de inversores, se han quedado atrapados con sus inversores esta tecnología, que acumula un recorte de hasta el 50% con respecto a sus previsiones iniciales tras el último hachazo, en vigor desde el mes pasado.
Curiosamente, los tres parlamentarios pertenecen al PP (hay dos) y al PSOE (uno), los partidos que han aprobado desde 2010 los sucesivos recortes a esta tecnología.
El último en llegar ha sido el diputado Antoni Such Botella, que el pasado 8 de julio sustituyó en su escaño en la bancada socialista a Inmaculada Rodríguez Piñeiro, número siete en la lista del PSOE a las últimas elecciones europeas.
Según se recoge en la declaración de bienes publicada hace unas semanas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Such, exdiputado en las Cortes Valencianas y exalcalde de Alcàntera de Xuquer, es propietario del 33% (333 acciones) de Hermanos Such Botella, sociedad domiciliada en esa localidad valenciana y “dedicada a la producción de energía solar ubicada en Yecla (Murcia)". El valor de esa participación asciende, señala, a 1.006 euros.
El nuevo diputado del PSOE, de 51 años, abogado y funcionario de carrera en la Generalitat Valenciana, que en su cuenta de Twitter suele retuitear mensajes de usuarios críticos con los recortes de Mariano Rajoy a las energías limpias, también explica en su declaración que tiene un fondo de renta vitalicia en la mutualidad de la abogacía con un valor de 30.000 euros, un plan de previsión en dicha mutualidad por importe de 28.000 euros y 11 acciones del Valencia CF, entre otros bienes.
Para encontrar al siguiente parlamentario (en este caso, parlamentaria) con intereses en el sector fotovoltaico hay que trasladarse hasta Valladolid, circunscripción de la popular María Arenales Serrano Argüello, finalista en la última edición del premio al “diputado revelación” que entrega la Asociación de Periodistas Parlamentarios.
Menos crítica que Such con los recortes a las renovables (el grueso, aprobados por el Gobierno de su partido), Serrano, diputada desde el inicio de la legislatura, explica en su declaración de bienes que desde junio de 2008 que tiene una cuarta parte (752 participaciones) de una planta fotovoltaica de la sociedad Lupo Huertos Solares, S. L. valorada al cierre de 2011 en 2.145 euros, además de cuatro viviendas, dos fincas de secano, diversas acciones y un BMW.
El tercer parlamentario que se ha quedado pillado con la fotovoltaica es uno de los diputados con mayor patrimonio del Congreso, el ex director general de RTVE con José María Aznar (entre 1997 y 1998) Fernando López-Amor.
El popular, actual consejero de la empresa de derechos audiovisuales Santa Mónica Sports y con cinco legislaturas consecutivas a sus espaldas, es accionista de Loamsa S. L., sociedad de la que, pese a ser un acrónimo de sus apellidos, apenas declara un 0,49%.
Según López Amor, además de 11 pisos y estudios, cuatro locales comerciales y doce plazas de garaje, entre otros bienes, Loamsa SL tiene el 100% de Fotovoltaica Tarazona 15, una empresa del sector para cuya puesta en marcha esa sociedad contrajo en mayo de 2008 un préstamo con Bankia por importe de 625.000 euros. Cuando tomó posesión del escaño, el importe pendiente de amortizar de ese crédito todavía ascendía a 543.885,5 euros.
