La tesis del ministro de Industria, José Manuel Soria, de que sean los ciudadanos los que costeen la indemnización de 1.380 millones de euros a ACS por la devolución del Castor al Estado cobra fuerza en el seno del Gobierno.
Ya sea a través del recibo del gas (los peajes que pagan los consumidores incluirían el pago diferido de la compensación por el cierre del almacén) o con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la solución menos mala que baraja el Ejecutivo pasa porque el Estado asuma el activo del que se desprende el grupo de Florentino Pérez y abone por una de estas vías la indemnización para saldar el conflicto.
Este planteamiento ha movilizado a buena parte de la ciudadanía de los municipios del norte de Castellón y del sur de Tarragona, que ha creado su particular 15-M anti Castor. Varias organizaciones han articulado una suerte de plataforma crítica para exigir “voluntad política” al Gobierno para explorar y aprovechar, en la medida de lo posible, la puerta entreabierta que dejó el Tribunal Supremo para anular el derecho a la indemnización al dueño del Castor, "evitando que sea la ciudadanía quien asuma el pago de las deudas generadas por el proyecto”.
El documento de protesta elaborado por Ecologistas en Acción, el Observatorio de la Deuda en la Globalización, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda exige que ni la indemnización a Escal UGS ni los costes de mantenimiento del almacén subterráneo y de su posible desmantelamiento recaigan sobre el bolsillo de los contribuyentes.
El documento de protesta lo han elaborado Ecologistas en Acción y varias plataformas ciudadanas de la zona, a la vista de que el Gobierno parece decantarse por aceptar las exigencias de ACS
Según es movimiento de la sociedad civil, todas estas opciones implican que la ciudadanía asuma unos costes que no le corresponden. Si se crea un banco malo dependiente de la SEPI para absorber el activo o si éste se nacionaliza e incluso se desmantela, los riesgos ambientales y de seguridad en la zona, tras los más de 500 terremotos que provocó el Castor cuando se le inyectó gas, así como los problemas financieros seguirían presentes.
A la vista de que el proceso avanza en favor de la compañía promotora del proyecto y de que ésta solicitó la devolución de la autorización de explotación el pasado 18 de julio, este movimiento social defiende el "no pago de la deuda del proyecto Castor, la no indemnización a Escal UGS, y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones" para que la población "quede a salvo de una hipoteca a más de 20 años que no es suya, y se rechazan futuros usos de alto riesgo como la exploración petrolífera o la inyección y almacenamiento de gas".
Esta plataforma ciudadana se ha movilizado estas semanas ante la evidencia de que el Gobierno trabaja a toda velocidad para dar una solución al conflicto con Florentino Pérez.
El Gobierno estudia crear un banco malo para quedarse con el Castor y financiar a través del ICO el pago de la indemnización, que se cargaría al recibo del gas o a los PGE
La Secretaría de Estado de Energía, liderada por Alberto Nadal, hombre de absoluta confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha diseñado un plan específico de rescate del Castor , que establecería la creación de un banco malo dependiente de la SEPI para quedarse con almacén de gas y la extensión de una línea de crédito del ICO para financiar la indemnización de 1.380 millones de euros que se embolsará el grupo ACS, según informó Cinco Días.
Este crédito se cargaría diferido a 20 años contra la tarifa del gas o sobre los PGE, algo a lo que el Ministerio de Hacienda se mantiene reacio.
Mientras se debate sobre cómo afrontar la indemnización sin afectar al déficit público, sobre la mesa también está la posibilidad de que la infraestructura se hiberne sine die, pero no se desmantele, hasta que el sistema gasista español pueda necesitarlo a medio o largo plazo.
Sin embargo, esta última opción da pavor en el Levante. Los informes técnicos han demostrado fehacientemente que la inyección de gas ha sido la causante de los más de 500 terremotos del pasado septiembre, de forma que el riesgo de nuevos seísmos seguirá ahí si el almacén vuelve a entrar en operación en un futuro.
