La Fiscalía Anticorrupción solicita la apertura de juicio oral contra 61 directivos de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), por no declarar ante la Hacienda unos bonus por valor de 20.969.168’09 euros que estos directivos percibieron en el año 2002. Como responsables civiles subsidiarias está la propia empresa matriz y otras cuatro filiales, concretamente las de Auditores, Jurídico y Fiscal, Asesores de Negocios y Consulting. El organismo anticorrupción dice que "el importe total de las cuotas defraudadas imputadas supera los 40 millones de euros".
Según el escrito de la Fiscalía, "los socios omitieron constatar en su declaración de IRPF que tales cantidades eran rentas de trabajo, y las incluyeron como parte del precio de venta de la División de Consultoría a IBM, con una tributación muy inferior a la correspondiente a la realidad de los hechos. Esta venta fue llevada a cabo en octubre de 2002. En la fecha de la recepción por los socios, enero de 2002, ni siquiera habían comenzado las negociaciones con IBM, las cuales comenzaron en el mes de julio". Se calcula que cada uno de ellos dejó de pagar por tanto más de 120.000 euros en su IRPF y también se asegura que las propias empresas del grupo PwC "omitieron practicar las retenciones debidas por IRPF correspondientes al rendimiento de trabajo percibido".
Junto a esto, se considera que la propia PwC S.L. no declaró en el Impuesto de Sociedades estos ingresos: "Para evitar el pago de la deuda fiscal se simuló una operación de reestructuración empresarial con acogimiento al Régimen Especial de Fusiones y Escisiones de la Ley 43/95 del Impuesto de Sociedades, cuando la realidad de la operación fue la venta de la empresa, con el fin de omitir la debida tributación por el Régimen General del impuesto de Sociedades y el ingreso en el erario público de la cuota debida. La cuota defraudada que se imputa por este hecho ascendió a 18.365.210’88 € por el Impuesto de Sociedades de PwC SL".
Una operación planificada
La operación estuvo perfectamente bien organizada, según la Fiscalía, que asegura que los acusados Miguel Fernández de Pinedo, José Mº Tajadura Garrido, César Rodríguez Ramos, Miguel Cruz Amoros y Yiannis Parperi, "diseñaron y formalizaron la estrategia mendaz que pretendió justificar la omisión de la retención a cuenta del IRPF que debían haber practicado las empresas empleadoras sobre el bonus entregado". En una segunda fase, continúa el escrito, los acusados José María Tajadura, José Luis Madariaga Gandarias, Miguel Fernández de Pinedo, Juan de Blas Zabaleta, José Luis López Rodríguez, Pedro Castañeda Ordoñez, Máximo Ibañez Lucea y Juan Carlos Mas Ivars, "omitieron practicar y declarar al erario en base a la ficción creada, la retención de las cantidades siguientes a cuenta del IRPF de los socios".