Después de un año y medio, el sector de las telecomunicaciones ya cuenta con el visto bueno del consejo de ministros del anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, que viene a actualizar la última normativa de hace diez años.
El espíritu de la norma es que los operadores puedan avanzar en las dos grandes batallas de una manera más sencilla y más barata: desplegar con más flexibilidad las redes de nueva generación fijas (fibra óptica, 100 megas) y móviles (4G). En teoría, según fuentes del ministerio, este despliegue abaratará costes a las compañías y permitirá que los nuevos servicios de telecomunicaciones cuesten menos a los consumidores. Este impulso del Gobierno, esta flexibilidad hacia los operadores, no será gratuito. Éste viene acompañado de más sanciones y de mayor cuantía, con multas de hasta 20 millones de euros, diez veces más que en la actualidad.
Con anterioridad a esta normativa, y desde hace más de un año, los operadores ya han comprometido grandes volúmenes de inversión en el despliegue de las nuevas redes en una carrera por ser el primero en ofrecer estos servicios de telefonía. En el terreno de la fibra, por ejemplo, los operadores han unido fuerzas con el fin de abaratar costes y ganar tiempo. Primero llegó el acuerdo de Telefónica-Jazztel; más tarde, Orange y Vodafone.
"La novedad es que las operadoras cuentan a partir de ahora con un marco jurídico (especificaciones técnicas en la reutilización de canalizaciones, conductos, emplazamientos…) que les permite compartir redes, sobre todo en el terreno de la fibra óptica, y con mayor flexibilidad para avanzar en sus proyectos", dicen fuentes de Industria.
En este sentido, normativa les agiliza y flexibiliza este despliegue, tanto desde el punto de vista administrativo como del usuario. Por un lado, las operadoras tendrán menos cargas administrativas (las licencias de los ayuntamientos se sustituirán por declaraciones responsables. Los ayuntamientos seguirán teniendo un cierto control, dado que las operadoras tendrán que presentarles un plan de despliegue de redes…).
Y por otro lado, los usuarios tienen garantizado el acceso a estas redes ultrarrápidas. Un ejemplo: en una comunidad de vecinos, ésta no se podrá negar a que la operadora despligue la red en el edificio si uno de sus vecinos quiere acceder a esta nueva tecnología.
Los usuarios, además, verán mejorados sus derechos relacionados con la protección de datos. Por ejemplo, a partir de ahora, la agencia de protección de datos podrá perseguir con más claridad el uso incorrecto de las ‘cookies’ y el spam, que a partir de ahora una infracción grave.
Más sanciones: hasta 20 millones de euros
Industria ha elevado el número de sanciones aumentando las infracciones leves, cuya cuantía no cambia (tope de 50.000 euros) y reduciendo las muy graves (en la actual normativa las sanciones eran graves o muy graves, fundamentalmente).
La cuantía de las sanciones graves pasa de 0,5 millones a 2 millones máximo; y las muy graves, pasan de 2 millones a 20 millones.
Más competencias para Industria desde el regulador
Con esta normativa, Industria asume un par de competencias de carácter administrativo, hasta ahora en manos de la CMT. A raíz de que el ministerio es responsable de la gestión y la liquidación de las tasas, el proyecto de la Ley General de Telecomunicacionesasigna a Industria el control del registro de operadores, necesario para cobrar las tasas (numeración, operación…).
Además, Industria asignará a partir de ahora los bloques de numeración, por tratarse de un asunto administrativo. Con esto se pondrá fin al choque entre Industria, que planificaba este área, y la CMT, que asignaba. También gestionará la base de datos de abonados, que utilizan los operadores para realizar las guías.
La nueva ley de telecomunicaciones también prevé crear una nueva comisión interministerial de carácter divulgativo sobre la problemática de las radiofrecuencias y la salud. En ella participarán personas de reconocido prestigio con capacidad científica para valorar informes en este campo.
