Tanto el Ministerio de Industria como el de Fomento, del que depende el Servicio de Información Sísmica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), sabían desde hace días de la existencia de una media de entre 8 y 12 pequeños terremotos diarios desde que el 11 de septiembre Escal UGS comenzó a inyectar gas colchón en el almacén subterráneo El Castor.
Contaba Vozpópuli estos días que el número de terremotos frente a las costas de Vinaroz, en pleno Golfo de Valencia, se había disparado a más de 140 desde ese 11 de septiembre. Florentino Pérez, presidente de ACS, que controla el 70% de Escal UGS, había conseguido convencer a los alcaldes de la zona y a las autoridades de que no había riesgo alguno para la estabilidad sísmica de la zona.
Pero hubo un hecho determinante que tuvo lugar en la madrugada del lunes al martes y que cambió el curso de los acontecimientos. Hasta esa noche, ninguno de los seísmos (la mayoría de ellos de baja intensidad, de entre 1,6 y 2,8 grados en la escala Richter) había sido considerado de una intensidad preocupante (sólo uno había llegado a 3 grados), pero a las 00:21:50 del 24 de septiembre, la inyección de gas colchón en El Castor provocó un terremoto de 3,7 grados, según el Institut Geològic de Catalunya y de 3,6 si atendemos a las mediciones del Instituto Geográfico Nacional.
Los vecinos de Vinaroz alertaron a través de las redes sociales de que se había notado un temblor importante en la costa y comenzaron a pedir explicaciones
Esa noche, los vecinos de Vinaroz sintieron el temblor y lo que había sido una polémica se convirtió en verdadera alarma social. En la mañana del martes, los ciudadanos comenzaron a llamar a los ayuntamientos de la zona (Vinaroz, Benicarló y Peñíscola) y éstos al Ministerio de Industria y al IGN. Las redes sociales también se convirtieron en un hervidero de críticas contra Florentino Pérez y el Ministerio de Industria, que es del que depende la operación del almacén de gas subterráneo.
El Ministerio que dirige José Manuel Soria vio que el problema se podía ir de las manos, señalan fuentes cercanas al Departamento. “El Gobierno no se podía permitir tener que asumir responsabilidades en caso de que los terremotos se convirtieran en algo más serio de lo que se ha venido reconociendo hasta ahora”, destacan estas fuentes.
Industria no podía permitirse que tras más de 15 días en los que ha habido unos 160 terremotos, sus consecuencias pudieran salpicar al Gobierno, así que optó por actuar y cerrar de forma temporal el almacén de Florentino
Así que la opción más prudente ha sido decretar el cese temporal de la actividad de El Castor, que ya había dejado de inyectar gas hace más de una semana, aunque los seísmos no han remitido. De hecho, el de 3,7 grados del martes se ha producido una semana después de que Escal dejara de inyectar gas.
Ahora se abre un proceso de cuarentena, en el que Escal tendrá que aportar información detallada de cómo ha inyectado el gas y de por qué se han producido ya unos 160 terremotos. También el IGN tendrá que hacer un informe sobre lo ocurrido y sobre las posibles consecuencias que tantos terremotos puedan tener en una zona de alta sensibilidad sísmica, la que va desde el Golfo de Valencia hasta las costas de Murcia.
Fuentes del sector gasístico han criticado que Escal UGS no haya sido transparente y sólo avisara al principio de que podrían producirse algunos temblores, pero nunca alertó de la posibilidad de que se produjeran muchos terremotos, dadas las condiciones sísmicas de la zona y la complejidad de la actividad de inyección de gas en un reservorio subterráneo en el mar.
Fuentes de Escal, por su parte, negaron que Industria haya paralizado la actividad de El Castor y confirmaron que continúan trabajando "con absoluta normalidad".
Además, dijeron que el Ministerio lo único que ha hecho es enviar un requerimiento para frenar la inyección de gas colchón a la espera de que se estudie bien el impacto sísmico de las operaciones.
