Durante la larga gestación de la denominada reforma energética, el Gobierno ha insistido en que buscaría la equidad en la distribución de la carga del déficit de tarifa eléctrico entre los usuarios, los consumidores y las empresas del sector para resolver ese descomunal problema. Y todo apunta a que, de reparto equilibrado, nada. Las medidas adoptadas hasta ahora para intentar acabar con ese agujero (que ascendió a 4.000 millones de euros sólo entre enero y julio) y las que se han anunciado este mes concentrarán buena parte de la factura sobre los consumidores (domésticos e industriales).
Según un informe de UBS, del esfuerzo total, que el banco suizo estima en 7.900 millones de euros (incluyendo los 1.450 millones de recorte de costes de marzo y la subida de tarifas de abril pasado), "la mayoría de la carga" recaerá "en los consumidores y en el Estado".
Y, muy especialmente, sobre los primeros (usuarios domésticos e industriales), que deberán contribuir con 3.200 millones de euros, un 41% del total.
En esa cifra se incluye la subida tarifaria de abril (7%), que supuso unos 1.400 millones (aunque no la de julio, que rozó el 4%), además del nuevo impuesto al gas natural y la tasa del 6% a la generación convencional, que el banco da por hecho que se trasladará al mercado mayorista de electricidad. El impacto podría ser incluso mayor, ya que UBS cifra en 804 millones la recaudación por el denominado céntimo verde al gas, mientras que el propio Gobierno, en la memoria que acompaña el proyecto de ley, eleva esa cifra hasta 935 millones.
La asunción de los intereses del déficit por el Estado puede compensar el previsible encarecimiento de la energía, según UBS
El Estado, por su parte, aportará un tercio del total (2.600 millones), de los que la mayor parte (2.150 millones) provendrá de la amortización de los intereses correspondientes a los intereses pendientes del déficit de tarifa acumulado hasta 2011.
Esta partida, que actualmente se carga en la tarifa (y que no se menciona en el proyecto de ley remitido al Congreso la semana pasada), permitirá, según UBS, “compensar el incremento de precios de la energía” en el mercado mayorista, que cifra en torno a 7 euros por megavatio/hora (en torno a un 14% con respecto a los precios actuales).
Sin embargo, según los analistas de la entidad suiza, el ‘impuestazo’ al sector, cuya entrada en vigor está prevista para enero, no tendría efecto en las tarifas finales por el citado efecto compensatorio del déficit tarifario que asume el Estado. Esta interpretación coincide con la del ministro de Industria, José Manuel Soria, pero suscita amplias dudas en el sector, en el que predomina la idea de que el usuario acabará pagando.
En cuanto a la aportación de las empresas, UBS cree que, en total, se queda en el 26% del ajuste, 2.100 millones de euros, en los que se incluyen los 688 millones de la tasa del 6% a las renovables (que no se repercutirá a los precios mayoristas). El banco suizo cree que el Gobierno ha adoptado un enfoque “constructivo” al no penalizar en exceso a las compañías y, como otros analistas, considera que lo mejor de la reforma es que se anunciado por fin y, con ello, se ha despejado la incertidumbre regulatoria.
