El proyecto del tren de alta velocidad brasileño, en el que tienen intereses diversos inversores españoles, dará comienzo la próxima semana, con la creación de un organismo regulador que, entre otras cuestiones, supervisará la licitación. No obstante, el proyecto de una línea de alta velocidad que una Rio de Janeiro con Sao Paulo, las dos principales ciudades del país, no es nuevo sino que ha atravesado las vicisitudes más diversas.
En realidad, el tren bala brasileño ya ha sido licitado en dos ocasiones pero se ha visto sorprendido por la crisis económica y las dificultades que han tenido los grupos interesados para confeccionar consorcios que pudieran asumir las inversiones tan voluminosas que son necesarias para llevar a cabo el proyecto.
En principio, el Ministerio de Transportes de Brasil licitó un trazado de alta velocidad de más de 500 kilómetros de recorrido con un presupuesto que se acercaba a los 20.000 millones de dólares. El atractivo del proyecto era evidente y más viniendo de uno de los países emergentes más pujantes.
Sin embargo, la crisis y el estrangulamiento del sistema crediticio causaron estragos entre los grupos interesados en acudir a la licitación. Tanto fue así que tan sólo llegó una oferta hasta la mesa de las autoridades brasileñas, procedente de un grupo de compañías coreanas. Ante esta situación, el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff optó por dar más tiempo a los potenciales inversores para formar los consorcios.
La intervención de la Justicia
En esta segunda fase entró en escena Talgo. El fabricante español, interesado desde el primer momento en el proyecto, aseguró a las autoridades brasileñas que con algo más de tiempo lograría conformar un consorcio competitivo para pujar por la adjudicación. Pero no hubo lugar. En el segundo intento, las autoridades brasileñas se encontraron con que ningún grupo presentó oferta para llevar a cabo la línea de alta velocidad.
Al mismo tiempo, diversos informes publicados en Brasil señalaban que el pliego de condiciones establecía unas previsiones de tráfico de pasajeros excesivamente optimistas, lo que hacía especialmente arriesgada la inversión de cualquier inversor que estuviera dispuesto a llevar a cabo las obras.
El caso acabó en los tribunales. El Ministerio de Justicia brasileño paralizó el proceso y obligó a la creación de una institución que tutelara todo lo relacionado con la alta velocidad en Brasil y, especialmente, con la licitación del tren bala.
Los trabajos de esta sociedad, denominada Etav, se iniciarán esta semana, con su constitución formal, un primer paso para desarrollar una licitación que tratará de llegar, esta vez sí, a su punto final. Pero el proyecto ha sufrido cambios, ya no es tan ambicioso, en lo que al ámbito económico se refiere. El Gobierno de Rousseff no quiere encontrarse de nuevo con la sorpresa de tener la mesa vacía de propuestas.
