La prohibición a Uber de operar en España dictada por un tribunal mercantil de Madrid este martes ha caído como un jarro de agua fría entre muchos de los conductores de la aplicación californiana, algunos de los cuales se han hecho auténticos expertos en rentabilizar su vehículo. La empresa prometió en su momento a sus socios (los beneficios son al 80%-20%) que les protegería legalmente o incluso pagaría sus multas, pero tras el endurecimiento de la situación muchos temen tener que pagar los platos rotos de la situación de alegalidad.
Algunos usuarios reconocen que no paran ni un minuto de llevar pasajeros en su coche, sobre todo por las tardes
Uber ya ha anunciado en su blog que apelará la "repentina e inusual" decisión mientras que "colabora con la legislación española". E incluso aprovecha para espolear a sus conductores avisándoles de que "continúa la altísima demanda zonas como Centro, Salamanca y Azca", según dice para animar a sus socios de Madrid a seguir utilizando la app. Las fechas prenavideñas incrementan la demanda. Sin embargo, a la hora de la verdad muchos de los conductores con los que ha hablado este diario confiesan sentirse inquietos por la situación: "Yo salí ayer y saldré hoy porque necesito el dinero, lo cierto es que hasta ahora no he tenido ningún problema grave aunque sí algunas veces en las que por la cercanía de un taxista he tenido que anular un viaje por precaución", comenta uno de ellos. Estos usuarios de Uber reconocen que no paran "ni un minuto" de trabajar.
Aunque la protección de la tecnológica ante multas está en principio asegurada, otro socio de Uber reconoce que "estamos todos igual, no sabemos lo que va a pasar", aunque también seguirá funcionando si las cosas no empeoran. En otros países donde ha habido prohibición de los tribunales, por ejemplo en Alemania, la aplicación ha seguido adelante de facto mientras la resolución legal no sea definitiva. En España se hará lo mismo.
Según la propia compañía, las ventajas que tiene su versión UberPOP son las siguientes:
1. Trayectos muy asequibles y seguros para pasajeros.
2. Que los conductores puedan costearse su vehículo.
3. Que cada día circulen menos coches por las calles, contribuyendo así a construir las nuevas ciudades del futuro.
Se presenta el lobby de la economía compartida
Tanta está siendo la polémica de Uber en España que fue un tema omnipresente en la presentación del nuevo lobby de empresas de economía compartida (Sharing España), una asociación que surge de Adigital (miembro de la CEOE) y en el que Uber no está de momento (al ser altamente polémico, la asociación no quiere que lo relacionen con la app antes de que solucione sus problemas legales). Uber trabaja con el bufete barcelonés Corporación Legal, especializado en cobros de deudas.
El objetivo de la nueva asociación será influir en las administraciones para que las empresas que se dedican a la economía compartida, que tiene como planteamiento filosófico la necesidad de "sacar rendimiento a bienes infrautilizados". Ahí están las empresas más importantes del sector: Blablacar, Airbnb, Rentalia, Comunicae, Socialcar y un total de 24 compañías (algunas startups, otras más que consolidadas) que sirven de intermediarios para que unos usuarios saquen rendimiento a posesiones suyas (por ejemplo, pisos, o por ejemplo dando un préstamo). Estas empresas colisionan directamente con gremios muy organizados y muy regulados (los taxistas, las empresas de autobús, los hoteles, la banca...) y ahora se han unido para acudir con una sola voz a la administración.
Ramón Blanco, el fundador y CEO de Etece (un intermediador para pedirle a otros que vayan al IKEA por ti, te arreglen algo en casa o te saquen al perro) ha asegurado que la economía compartida "está ahí porque la gente lo necesita y porque, además, hace posibles intercambios imposibles y permite construir confianza entre extraños”.
Esta realidad, aunque ha venido para quedarse, está aún en pañales, y supone unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo según Forbes, lo cual es bastante, pero lejos de su potencial. Una de las primeras funciones de la nueva asociación Sharing España será precisamente esta: tratar de cuantificar cuánto supone la economía compartida en España en millones de euros, además de los beneficios intangibles que genera (por ejemplo, medioambientales). Sus portavoces han clamado porque se les integre en la legalidad y no en la situación de ni dentro ni fuera de la ley en la que se encuentran ahora.
