El Gobierno la ha liado con el Real Decreto de Autoconsumo y su inconcreción en algunos de los aspectos normativos que incluye ha abierto la puerta a que los pequeños inversores que colocaron sus placas solares de autoconsumo antes del 10 de octubre de 2015, día de su entrada en vigor, puedan reclamar indemnizaciones o compensaciones por todos aquellos gastos en los que han tenido que incurrir para adaptarse a los nuevos requerimientos.
Según los expertos jurídicos especializados en energías renovables, todos aquellos promotores de una instalación de autoconsumo en viviendas, centros de trabajo, naves, granjas que puedan probar con facturas el coste real para adaptar su planta solar a las exigencias del Real Decreto podrán "reclamar por vía administrativa, sin necesidad de abogado ni procurador al Consejo de Ministros, que fue el que aprobó la norma".
"Tienen de plazo hasta el 10 de octubre de 2016, que es cuando se cumple un año desde la aprobación del RD. En caso de no recibir contestación del máximo órgano de decisión del Gobierno, el siguiente paso es acudir a la vía judicial para reclamar estos sobrecostes sobrevenidos por el carácter retroactivo de una norma que establece exigentes requerimientos administrativos y nuevos peajes y pagos (impuesto al sol), y que al estar por encima de la ley autonómica que amparó el desarrollo de estas instalaciones anula, con carácter retroactivo, los planteamientos de aquella", añaden estas fuentes.
La reclamación se hace por vía administrativa, no necesita ni abogado ni procurador, y si el Consejo de Ministros no contesta o desestima hay que acudir a la vía judicial
El principal argumento al que se pueden aferrar los afectados por los cambios introducidos en el RD que se aprobó a dos meses de las primeras elecciones generales es que el propio Gobierno ha reconocido ante el Tribunal Constitucional que la Administración pública tendrá que indemnizar a los inversores que colocaron placas solares bajo normativas autonómicas.
El temor del Ministerio de Industria, cuya parte energética está casi exclusivamente en manos del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ante la falta de ministro (Luis de Guindos sólo tutela el Ministerio), es que si el Constitucional no suspende de urgencia la norma murciana de energías renovables, que ampara el desarrollo del autoconsumo solar, los promotores de instalaciones de esa región podrán exigir indemnizaciones por todas las inversiones que realicen si finalmente esta norma es anulada.
Los expertos creen que el TC anulará esta norma por inconstitucional al estar en confrontación con una de rango mayor, el Real Decreto de Autoconsumo, algo que no ocurrirá "antes de dos o tres años". En este periodo de tiempo, los autoproductores murcianos de electricidad seguirán desarrollando e invirtiendo en sus instalaciones porque la norma autonómica no ha sido suspendida temporalmente y se lo permite.
Si se anula, los afectados pedirán daños y perjuicios al Gobierno central o a la propia Administración autonómica, dado que tendrán que volver a invertir para adaptarse a las exigencias del Real Decreto, que es el que rige sus instalaciones.
El propio Gobierno avisa al Constitucional que teme tener que afrontar estas indemnizaciones en Murcia si no se suspende la Ley regional de energías renovables
Nadal y su equipo han mandado un informe de urgencia al TC para alertar de esta situación, que de mantenerse podría tener un importante coste para el erario público, que tendrían que afrontar los pagos por el daño patrimonial sufrido por los afectados.
Industria reconoce que con la norma se ha dañado "la confianza legítima" de las inversiones y pide al TC que suspenda la norma murciana para evitar un mal mayor al permitir que los particulares sigan invirtiendo.
Pero el problema va más allá, porque los autoconsumidores murcianos no serían los únicos afectados por el lío normativo en el que se ha metido el Gobierno.
Hay centenares de pequeños inversores que han instalados sus placas bajo las normas de sus comunidades autónomas (Cataluña, Baleares, Extremadura…).
El abogado especializado Daniel Pérez, del despacho Holtrop, ha señalado a Vozpópuli que si las instalaciones murcianas que se pusieron en marcha bajo la norma regional y que siguen su desarrollo tienen derecho a indemnización en caso de anulación de la Ley, lo mismo tendría que ocurrir con todas aquellas que se desarrollaron en el resto de España en los años anteriores a la aprobación del Real Decreto de rango nacional.
“Aquellos inversores que montaron una instalación de autoconsumo entre 2011, por ejemplo, y octubre de 2015, bajo normativas autonómicas se encontraron con un nuevo RD de rango superior que les establece peajes e impuestos no previstos. Si se reconoce el derecho de indemnización a los murcianos, esto sentaría precedente para que el resto de inversores también pudiera reclamar esa indemnización”, añade.
El informe que Industria ha enviado al TC ya lo tiene también el Tribunal Supremo, ya que ha sido aportado por el despacho Holtrop en los procesos abiertos que mantiene en el Alto Tribunal en defensa de sus clientes renovables.
