España es ya uno de los cinco países de la OCDE con peor competitividad fiscal, con un fuerte retroceso en la legislatura de Pedro Sánchez que acaba, según muestra el Índice de la Tax Foundation y recoge el Informe Competitividad Fiscal 2022 que han presentado el presidente y el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente. La pérdida de posiciones se debe a las subidas de IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades que que entraron en vigor con los Presupuestos de 2022, mientras el resto de países planteaba políticas en sentido contrario. De cara a 2023, el IEE advierte sobre los nuevos impuestos y la subida de cotizaciones sociales que vienen.
La presión fiscal en España se ha situado en máximos históricos en el 2022, superando el 42% del PIB y por encima del promedio de la UE, constata el informe, que advierte de que el esfuerzo fiscal, esto es, la presión fiscal normalizada en función de la renta, por su parte, ya es un 53% mayor que el promedio de la Unión Europea. De hecho, la "presión fiscal normativa" que calcula, entendida como la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que suponga, ya es un 16% más elevada que la media de la UE.
El informe que presenta el Instituto de Estudios Económicos, en colaboración con la Tax Foundation de Estados Unidos, pone en perspectiva los planes fiscales de los diferentes países de la OCDE midiendo la competitividad de sus respectivos sistemas tributarios. El Índice de Competitividad Fiscal (ICF) compara el diseño de las normas tributarias de las economías desarrolladas, desvelando qué países presentan un sistema más razonable y favorecedor del crecimiento y cuáles, un modelo más obstruccionista y entorpecedor del desarrollo y del progreso socioeconómico, entre los que destacan a España.
Según el ICF, España se sitúa en el año 2022 en la posición 34 del total de los 38 países analizados, situándose así en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal dentro de la OCDE, con un retroceso de cuatro posiciones respecto a 2021 y de nueve posiciones desde la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que creen que muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país en la actual legislatura, que ya se encontraba en posiciones rezagadas en el entorno internacional, posición que va a peor.
Las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial (con un Impuesto sobre Sociedades de los cinco más gravosos de la OCDE) y la imposición patrimonial (que es la segunda peor de toda la OCDE). Por su parte, la cuña fiscal del 40% (del efecto conjunto del IRPF y las cotizaciones sociales), se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 35%.
A juicio del IEE el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno, principalmente en lo relativo a tributación empresarial.
El efecto de la inflación en la competitividad fiscal
Este escenario se ha producido en un "preocupante contexto como el actual, con progresividad en frío por no deflactar el Gobierno el IRPF con una elevada inflación", ha señalado Izquierdo, lo que otros países han corregido. El director general del IEE ha considerado que en España no hay un problema ingresos sino de gasto público, y ha lamentado que se actúe sobre los efectos de la inflación en la subida de las bases máximas de cotización pero no a favor del contribuyente. A esto ha añadido que en un sistema como el español, con mayor progresividad en el IRPF y una imposición patrimonial elevada, el impacto de la inflación se multiplica. "Por eso la inflación origina tanta recaudación, lo que es positivo para las arcas públicas pero no para el esfuerzo de los contribuyentes".
Fernández de Mesa ha considerado que en el gran aumento de la recaudación puede jugar la caída de la economía sumergida a la que vienen aludiendo la Agencia Tributaria y otros organismos, aunque no cree que ésta se sitúe ahora por debajo del 10%.
Wesly
De acuerdo, hay que pagar impuestos, pero, antes de decidir cuánto hemos de pagar, habría que dejar absolutamente claras y resueltas tres cuestiones previas. La primera es delimitar, con criterios claros y perfectamente justificados, para qué es justo que se nos exija que paguemos impuestos. ¿Para subvencionar generosamente a partidos políticos y sindicatos?, ¿para pagar el sueldo y los privilegios de políticos y empleados públicos no sujetos a la competencia?, ¿para contratar a amigos y familiares de los políticos como funcionarios?, ¿para engordar una Administración mastodóntica e ineficiente?, ¿para repartir regalos, subsidios y subvenciones a cambio de votos para el partido del Gobierno?. La segunda es qué controles efectivos, qué criterios claros, qué procedimientos operativos, qué auditorias exhaustivas están ya implantados para asegurar 1) que todo el dinero público se gasta sólo de la forma más eficaz posible para servir al interés general, y 2) que todo intento de incumplir el punto 1 anterior será detectado y denunciado ante la justicia. Y la tercera es qué sanciones aumentadas están ya previstas en el código penal para castigar muy severamente el robo, la malversación, y la gestión negligente o desleal del dinero público. Mientras estas condiciones no se cumplan estrictamente, la arbitrariedad seguirá campando por sus respetos, y los privilegios (pagados con nuestros impuestos) seguirán siendo disfrutados por demasiados aprovechados.
el paciente irlandes
Chiquiiisss, que no pagáis lo suficiente para "educación y sanidad", mi arma. Soltad la pasta, quiyoos
Clearco
Es que tenemos una competitividad fiscal fija-discontinua.