El Gobierno ha echado el resto a la hora de recurrir el fallo del Ciadi que supone la primera condena al Reino de España por los cambios en la normativa que regulaba la retribución a las energías renovables. Un proceso que resulta clave teniendo en cuenta que detrás de él hay una treintena de denuncias muy similares, a cargo de inversores internacionales perjudicados por la modificación legislativa, con el evidente riesgo de que esta primera sentencia (que condena al Estado a indemnizar con 128 millones de euros al fondo Eiser) siente jurisprudencia para los demás casos.
Codo a codo con la Abogacía del Estado trabaja desde este verano el prestigioso bufete estadounidense Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle, que cuenta con una acreditada experiencia en procesos internacionales de arbitraje. De ello puede dar fe un Gobierno con el que el Ejecutivo español no tiene precisamente buena sintonía. Curtis ha sido prácticamente el despacho de cabecera de los gobiernos venezolanos chavistas cuando ha tenido que afrontar demandas en los tribunales internacionales de arbitraje contra grandes empresas estadounidenses. Y los resultados han sido más que satisfactorios para los Ejecutivos encabezados por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Este verano, el Gobierno venezolano recibía excelentes noticias de un tribunal de apelaciones de EEUU, que le eximía de pagar una multa de 1.600 millones de dólares a Exxon Mobil establecida en una sentencia del Ciadi, el tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. El gigante petrolero estadounidense había recurrido a este organismo después de sufrir una serie de expropiaciones en diversos campos petroleros de Venezuela.
Un triunfo que se apuntaba el bufete Curtis, asesor del Gobierno venezolano en este proceso, y que sumaba al éxito logrado en otro recurso a una resolución arbitral del Ciadi contra el Estado latinoamericano a favor de una gran compañía estadounidense. En este caso fue ConocoPhillips la que se quedó sin una indemnización próxima a los 300 millones de dólares.
Una peligrosa jurisprudencia
A finales de julio, el Gobierno español presentó ante el Ciadi un recurso contra el fallo emitido el pasado mes de mayo, que condenaba al Estado al pago de 128 millones de euros al fondo Eiser, que presentó una reclamación de casi 300 millones al considerarse perjudicado por la reforma del sector eléctrico aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que cambiaba el régimen de primas a las plantas de renovables, lo que generó un aluvión de demandas de los inversores internacionales ante los tribunales de arbitraje.
Una reciente respuesta parlamentaria elevaba a más de 7.600 millones de euros la cantidad total que se reclama al Estado en el conjunto de todas las denuncias que se han presentado al Ciadi por este asunto. Si el Gobierno no logra revocar el fallo del tribunal en relación con este caso se puede encontrar con un aluvión de sentencias contrarias en los próximos ejercicios.
El procedimiento de recursos se ha puesto en marcha con la constitución de un nuevo comité de arbitraje, cuya primera reunión ya tuvo lugar a comienzos de este mes de diciembre.
El Gobierno se confía... y pierde
Para hacer frente a la demanda de Eiser, el Estado no recurrió a la contratación de un bufete externo. La posición del Gobierno español siempre fue la de considerar que las modificaciones legales fueron correctas y que, además, contaba con el respaldo de los tribunales nacionales, a los que habían acudido los grandes inversores españoles y también algunos minoritarios. Hasta tres sentencias del Tribunal Supremo avalan la validez de la reforma energética en lo concerniente al cambio retributivo de las renovables.
Sin embargo, el fallo en contra del Ciadi encendió las alarmas en Moncloa. El hecho de que sea el primer caso en resolverse crea un peligroso precedente que puede traducirse en un coste brutal para las arcas públicas. A fin de evitar esta situación, el Ejecutivo no ha dudado en echar mano de un auténtico especialista en desatascar este tipo de casos.
