"Hay que poner coto a la deriva que supone la competencia fiscal a la baja", ha subrayado el presidente del comité de expertos de la reforma fiscal que ha designado el Ministerio de Hacienda para que el asesore. Así lo ha plantado Jesús Ruiz-Huerta en la presentación del informe. Ha asegurado que observan una "concentración de la riqueza y desigualdad creciente" y ha destacado que "si se quieren mantener los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones", que ve que "tienden a desaparecer", en alusión a la Comunidad de Madrid, "hay que garantizar cierto equilibro con el establecimiento de tipos mínimos". Según Ruiz-Huerta, "se trata de o bien defender la autonomía de una comunidad en concreto o la autonomía general", de nuevo en referencia a la Comunidad de Madrid.
Eso sí, aseguran que esto se va a hacer "manteniendo la autonomía fiscal de las comunidades", han asegurado Ruiz-Huerta y la catedrática Teresa Soler. "La competencia fiscal redunda en perjuicio de la propia autonomía", ha insistido Soler, que ha subrayado que la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (Lofca) pide solidaridad a las comunidades. Preguntada por si se refería a la Comunidad de Madrid y por si consideran que es insolidaria, lo ha negado.
El objetivo de obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos se revela finalmente como la clave de un informe que nace ya convertido en papel mojado por la emergencia económica que plantea la invasión de Ucrania, según han reconocido la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los expertos. Sobre todo en lo que se refiere a la subida del diésel y del IVA. En estos ámbitos, los expertos han destacado que sus propuestas son "a medio plazo" y deberán hacerse de forma "gradual".
Los impuestos verdes son uno de los apartados más importantes del informe, y concentran casi la mayoría de las recomendaciones, 118, en el que se pide subir el diésel y crear un impuesto a los billetes de avión, aunque ya la ministra ha advertido de que ahora mismo es papel mojado, como ya planteara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes.
En concreto, se pide equiparar la fiscalidad del diésel y de la gasolina, con un aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos y un componente adicional del CO2 en el mercado del transporte que plantea la UE. También piden gravar el queroseno de la aviación, con compensaciones al sector. Ello, eso sí, se acompaña de la petición de rebajas en la fiscalidad de la electricidad.
La presentación en sociedad de los expertos el pasado 12 de abril fue accidentada. La ministra de Hacienda declaró antes del acto que preveía subir Sociedades, Patrimonio y Sucesiones ya este año y fue poco después desmentida por Pedro Sánchez y Nadia Calviño ante la irrupción de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, que llevó al Gobierno y al PSOE a poner en barbecho todos sus anuncios de subidas de impuestos.
Y es que el objetivo central del informe era sustentar el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez de obligar a la Comunidad de Madrid a subir impuestos, la denominada armonización fiscal al alza, que comparte con sus socios y que Podemos y ERC han intentado acelerar.
Una vez que se han producido dos dimisiones por las presiones del Gobierno, de los catedráticos Ignacio Zuburi y Carlos Monasterio, los 17 expertos que quedan han cerrado el informe por unanimidad y sin votos particulares y piden subir impuestos a Madrid, como adelantó Vozpópuli. Plantean la opción de que haya tipos máximos y mínimos pero no dan cifras. No es su vía preferida pero recuerdan que cabe crear una cuota estatal, como proponen ERC y Podemos.
Asimismo, recomiendan revisar el escudo fiscal, el límite conjunto en IRPF y Patrimonio, que implica que la suma de las cuotas de IRPF y Patrimonio de un contribuyente no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF. Se trata de una medida que busca evitar efectos confiscatorios del sistema fiscal potencialmente inconstitucionales y cuya supresión o subida puede provocar una fuga de grandes patrimonios. El informe no pide eliminarlo pero sí endurecerlo con un alza del tope al 70%.
También se aborda la posibilidad de reducir los productos y servicios a los que se aplican los tipos reducidos y superreducidos en el IVA y una eventual rebaja del tipo general y caminar hacia un tipo único, otro de los asuntos que ahora mismo no se abordará. "No va a haber subidas de impuestos en el corto plazo", ha subrayado Montero.
Otros asuntos que abordan tienen particularidades que hacen difícil un análisis en este momento. En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, en estos momentos la OCDE y la Comisión Europea están trabajando en la implementación de la tasa global a multinacionales y en el que también están poco maduras las propuestas de regulación de las criptomonedas. Eso sí proponen cálculo para determinar tipos mínimos sobre resultado contable, a diferencia de la elección del Gobierno, que desde enero impone un tipo mínimo del 15% sobre base imponible, menos exigente.
En el ámbito de las sociedades sí que se aborda la necesidad de incrementar los controles sobre su uso abusivo como refugio de gastos personales no afectos a la actividad económica y las sociedades pantalla.
Todo esto no quita que España cuenta con un déficit estructural y una tasa de endeudamiento elevados, ha subrayado Jesús Ruiz-Huerta. A lo que se suma la negociación para la vuelta a las reglas fiscales en 2023, lo que puede obligar a España a hacer un ajuste importante.
Vinculación con Hacienda
Se ha escenificado que la entrega se realiza poco antes de exponer a los medios su contenido, el mismo día, en un intento de que parezca que el Gobierno no influye ni tiene conocimiento anticipado del contenido. Eso sí, a nadie se le escapa que el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta, y su secretario, Alain Cuenca, han podido transmitir una parte o la totalidad de lo que se ha venido acordando.
El comité nació controlado por un presidente y un secretario con lazos con el PSOE y siendo su secretario, además, parte del Gobierno, como director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), nombrado por la ministra. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue también director del IEF con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
