El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha realizado nuevos cambios dentro de su comité de dirección. A comienzo de años, el organismo presidido por Paula Conthe ascendió al puesto de directora Jurídica a Amaia Rivas Kortazar, en sustitución de Alba Taboada García, según ha podido saber Vozpópuli por fuente financiera.
Rivas Kortazar era hasta la fecha la encargada del área de Asuntos Jurídicos Internacionales del FROB, puesto que desempañaba desde julio de 2020. La nueva directora también ha sido varios años abogada del Estando ante la Audiencia Nacional y encargada del departamento de Arbitrajes Internacionales, dirigiendo la defensa del Reino de España como Jefa de equipo en 14 arbitrajes internacionales
de inversión relativos a los sectores de energía y finanzas.
El FROB se enfrenta en la actualidad a uno de los retos más importantes de su mandato, que es la compra de parte de la Sareb para que el Estado se convierta en el accionista mayoritario, después de que Eurostat obligara a contabilizar sus deudas.
El FROB controla el 45,9% de la gestora, mientras que el resto del capital de la sociedad está en manos de accionistas privados, como Santander (22,23%), CaixaBank (12,24%), Sabadell (6,61%), Kutxabank (2,53%), Ibercaja (1,43%), Bankinter (1,37%), Unicaja Banco (1,27%), Cajamar (1,21%), Mapfre (1,11%) y otras 17 entidades bancarias y aseguradoras con paquetes inferiores al 1%.
El FROB comprará Sareb
El Gobierno aprobó el pasado 18 de enero un cambio legal que le permite tomar el control de Sareb, tras su reclasificación en las cuentas públicas. Los accionistas privados de la gestora han recibido esta semana una carta del FROB en la que comunica su decisión de lanzar una oferta formal por la totalidad de acciones del conocido como 'banco malo' por un precio simbólico de 1 céntimo por cada 39.710 acciones.
Tras la conversión en capital de deuda subordinada de julio de 2021, el capital social de la gestora se divide en 1.429.560.000 acciones, lo que supone valorar el 'banco malo' en un precio simbólico de casi 360 euros, de los que el FROB pagaría un máximo de 194,35 euros (el 54,1%).
Los bancos accionistas de la gestora deben decidir si vender su participación en el FROB, que ya han provisionado en su totalidad. Deshacerse de todas sus acciones provocaría que los grandes bancos perdiesen los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) que ha generado el deterioro de su participación y que podrían proporcionarles un alivio fiscal en el futuro.
