El impuesto a la banca que finalmente ha aprobado el Pleno del Congreso este jueves supone el primer paso, un campo de pruebas del cupo catalán y de un sistema de financiación para privilegiar a Cataluña. Se ha validado la tercera versión del impuesto pactada con Junts y Sumar, que lo endurece, y las entidades pagarán unos 2.400 millones, casi 1.000 más que ahora, pero con novedades trascendentes para la financiación autonómica. Se trata del primer impuesto diseñado para beneficiar a una comunidad en concreto y que favorece a las comunidades ricas.
De esta forma, Cataluña y Madrid se llevarán el 40% del impuesto, unos 960 millones, y Extremadura, el 1,7%, 40 millones. Madrid, la comunidad con más PIB, será la más favorecida, pero seguida muy de cerca por Cataluña en un diseño que se ha elaborado para beneficiar a esta última. Si se incluye a País Vasco y Navarra, estas cuatro comunidades recibirán el 50% del impuesto, aunque lo que se prevé es que las forales lo concierten.
La regla de oro del sistema de financiación es que se aporta según PIB y se recibe según población con el fin de que no se perjudique a las comunidades más pobres. "No es razonable ni equitativo. Es una fórmula insólita, que no casa con la progresividad ni con la fórmula de reparto del sistema", señala Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor de Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos (Debate, Penguin Random House).
Los impuestos a banca y energéticas se crearon en tiempo récord en el verano de 2022 y se registraron como proposición de ley del PSOE y Podemos para acelerar su tramitación y saltarse los controles del Consejo de Estado y otros organismos. Eran prestaciones patrimoniales para evitar problemas de doble imposición y decaían en dos años.
Entonces, el Gobierno acordó compensar a País Vasco y Navarra por estos impuestos y Vozpópuli avanzó que La Rioja, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Aragón reclamaban que el Estado les compensara también y otras se planteaban pedirlo.
La subida de banca compensa el fin de energéticas
Al día siguiente de la DANA, el 30 de octubre, se registraron las enmiendas al Proyecto de Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales, y se conoció el pacto que alcanzaron el PSOE, el PNV y Junts, que acordaron el fin del impuesto a energéticas y que el impuesto a la banca siguiera tres años, convertido ya en impuesto en términos técnicos, lo que obligará a suavizarlo, ya que deberá deducirse en Sociedades. Gravaba entre un 1% y un 6% en función de la base liquidable el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito y las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, en las actividades que desarrollen en España. Además, se establecía una deducción extraordinaria en el caso de que sufran un descenso sostenido de su rentabilidad.
Después de desconvocar dos veces la Comisión de Hacienda, el pasado lunes se vivió la sesión más caótica que se recuerda, incluido un secuestro hasta las 0.44 horas, en la que no prosperó otra versión de este impuesto a la que se añadió un tipo del 7%.
Pues bien este jueves se ha validado una tercera versión con el tipo del 7% cuya recaudación se distribuirá a las comunidades autónomas en función de su PIB.
El impuesto a energéticas no seguirá aunque el Gobierno se ha comprometido a intentar que lo haga para que ERC, Bildu y Podemos no tumbaran este proyecto. Junts gana. No podrá aprobarse sin el voto de los de Carles Puigdemont. Este impuesto venía recaudando más o menos lo que se ha subido el impuesto a la banca. En 2024 ha ingresado 1.164 millones de euros.
Según Hacienda, "el objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta. El gravamen temporal no ha provocado efectos adversos significativos ni ha mermado las cuentas de las entidades financieras". Sin embargo, desde hace un año el Gobierno venía sosteniendo que había que suavizar el impuesto. "Es verdad que el sector no tiene ahora los beneficios que tenía". "Tampoco los tipos de interés están subiendo ya tan rápido", decía Nadia Calviño.
