El Gobierno salvó ayer in extremis una nueva versión del impuesto bancario más duro. El Congreso convalidó un plan fiscal vital para cuadrar las cuentas públicas, que incluye una nueva tasa al sector bancario que gravará entre el 1% y el 7% los ingresos típicos y comisiones. Este nuevo diseño supondrá un golpe fiscal de unos 2.400 millones de euros anuales para el conjunto de las entidades.
Una factura que supera en unos 1.000 millones la recaudación del anterior modelo en plenos recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) y que dificultará la concesión de crédito. Esta cantidad es muy parecida a lo que ha recaudado el impuesto a energéticas, que no sigue. El sector financiero advierte de que restará capacidad para prestar unos 50.000 millones a familias y empresas.
Hacienda se limitó ayer a informar de que el tipo del impuesto tendrá un carácter progresivo con una escala en el gravamen que oscilará entre el 1% y el 7% según la base liquidable.
En función de los tramos progresivos pactados por el PSOE y Junts, y de los ingresos del cierre de 2023, el nuevo diseño impondrá un pago del 7% a CaixaBank, BBVA, Santander y Sabadell al superar los 5.000 millones en España por el margen de intereses, que mide el negocio típico, y por las comisiones en la comercialización de productos financieros.
CaixaBank, el banco más grande por activos de España, será el más perjudicado. Abonará unos 750 millones el primer año teniendo en cuenta una deducción del 25% de la aportaciones a las fundaciones bancarias, tal y como estiman en los equipos fiscales de los bancos pero que ayer fuentes del Ministerio de Hacienda no tenían claro si se mantendrá. CaixaBank destina alrededor de 500 millones a la Fundación La Caixa, su principal accionista con más del 30%.
Críticas de CaixaBank
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha sido uno de los banqueros que más ha levantado la voz contra el plan de Gobierno, que mantiene una participación del 18% en la entidad como herencia de la compra de Bankia. Llegó a calificar de “Tasa CaixaBank” el nuevo impuesto e incluso azuzo el traslado de sede en futuras operaciones corporativas a nivel europeo.
El Santander, que en 2023 cerró con unos ingresos de más de 9.300 millones por las dos partidas que se gravarán, pagará alrededor de 650 millones, mientras que para BBVA, en plena opa del Sabadell, la factura ascenderá a unos 470 millones. En base a la estimación de ingresos del Sabadell, que prevé cerrar el año con unos ingresos similares a los de 2023, también tendría que abonar el 7%, unos 280 millones.
Entre el resto de principales bancos (Bankinter, Abanca, Unicaja e Ibercaja) la horquilla a pagar variará entre el 3,5% y el 4,8%, según la versión pactada entre el PSOE y Junts que sirvió de base para su votación en el Congreso. El impuesto estará en vigor los próximos tres años y se aplicará desde el 1 de enero de 2024.
“El objetivo de este impuesto está en que el sector bancario, que obtiene grandes ganancias, siga contribuyendo al sostenimiento de los gastos públicos, siguiendo el principio de justicia fiscal, donde quien más gana, más aporta", justificó ayer Hacienda, que en 2022, con la anterior versión del impuesto, alegó los "ingresos extraordinarios" por las subidas de tipos del BCE para crear el gravamen.
Las patronales recurrirán
Ahora, el eurobanco se dispone a apretar el acelerador de las rebajas ante el parón en Alemania y la amenaza de guerra arancelaria tras la elección de Donald Trump como nuevo presidente. Con este telón de fondo, es previsible que la factura sea menor para los ejercicios fiscales de 2025 y 2026, cuando los ingresos típicos caerán por el efecto de los tipos.
Las asociaciones bancarias AEB y CECA denunciaron “la inseguridad jurídica” y los graves efectos económicos de un impuesto que se ha gestado en un proceso “caótico y poco transparente, a espaldas de los ciudadanos y sin diálogo con el sector”. “Todo esto genera incertidumbre general y en los mercados financieros en particular”, advirtieron, para después anunciar acciones legales.
