Hacienda hace caja con los precios de la luz. Una crisis provocada por el descontrol en el mercado del gas y el repunte de los derecho de emisiones, la 'multa' que hay que pagar por emitir CO2. El primer factor es un quebradero de cabeza para el Gobierno, mientras que el segundo condicionante se ha convertido en una importante vía de recaudación.
El Ministerio de Hacienda ha duplicado su recaudación por estas subastas hasta el mes de agosto hasta los 1.557 millones frente a los 753 en el mismo periodo del año 2020, un incremento del 106%. Según figura en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 presentado este miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno cerró el último año completo con una recaudación total de 1.240 millones, un 25% menos de que llevaba acumulado en ocho meses.
Y se espera que cuatro meses restantes de esta cuenta sigan disparando esta cifra. Los PGE pronostican que, a cierre de 2021, esta vía de ingresos patrimoniales se disparará hasta los 2.335 millones de euros y se moderará, aunque levemente, hasta los 2.000 millones de euros en 2022.
El Ministerio que dirige María Jesús Montero estimaba recaudar por esta vía 1.200 millones de euros, como registra en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021. Una previsión que realizaba con el precio del CO2 en 25 euros/tonelada de CO2. Hacienda no contaba con que esta tasa medioambiental se iba a situar en septiembre en los 61,02 euros/tonelada y la media anual de 2021 se asentaría en los 48,82 euros por cada tonelada de CO2.
Hacienda se beneficia de la especulación
Este aumento del coste de contaminar es lo que buscaba la Unión Europea en 2005 cuando creó este mercado. La intención era desincentivar con este pago las emisiones para cumplir el protocolo de Kyoto y reinvertir los ingresos de este mercado en proyectos medioambientales.
Un mercado donde los miembros de la Unión Europea y sus empresas negocian los derechos de emisiones de dióxido de carbono (CO2). Un sistema similar a la Bolsa donde, en vez de pagar euros por acciones de una empresa, se compran y venden las toneladas de CO2 que se puede emitir. Estos derechos son demandados por los dueños de industrias que necesitan contaminar, como centrales térmicas, cogeneración o refinerías. Lugares con gran protagonismo en la producción energética que, si tienen que pagar muy alto ‘la multa’ de contaminar, la energía que producen se dispara.
Los inversores se han unido a empresas y países miembros para competir en la rentabilidad de este mercado de emisiones compuesto en cerca de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que tiene la Unión Europea, de los que pueden hacer uso 10.000 instalaciones con autorización para explotar estos derechos.
La importancia de esta especulación es que afecta directamente en el bolsillo de los consumidores. “El aumento del precio de las emisiones impacta de forma directa en los precios eléctricos diarios en Europa”, explican en el mes de mayo a Vozpópuli los expertos energéticos del Grupo ASE. “Las subidas del 100% del mercado de emisiones en los últimos seis meses han provocado una subida en el mercado mayorista de la energía (POOL) español del 20%”, añaden.
Reinventir los ingresos
Con la crisis de la factura de la luz, han sido muchas voces los que han reclamado utilizar estos 'sobreingresos' a paliar esta crisis. El Partido Popular declaró en septiembre que era necesaria utilizar esta partida para amortiguar los altos precios del mercado mayorista, y traspasar a los PGE la financiación de los costes no energéticos (casi 3.400 millones).
El propio Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, declaraba en esta línea en junio ante sus accionistas que “el principal beneficiario de los altos precios de la electricidad, sobre todo en un escenario como el actual con un elevado precio del CO2, es la Hacienda Pública, que recibe, no solo unos cuantiosos impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2 que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros”.
