El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, se ha pronunciado por primera vez sobre el cupo catalán. Y lo ha hecho en un entorno de alto voltaje, en la clausura del XXXIV congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) este viernes en Córdoba, ante un auditorio muy caldeado y después de que la presidenta de IHE, Ana de la Herrán, le haya recibido con un discurso claro, directo y muy crítico sobre el pacto que han firmado el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa y sus efectos en la Agencia Tributaria (AEAT). Tras expresar su "preocupación" con la facilitación del acceso a la Función Pública, De la Herrán ha advertido de que se están dando pasos para modificar el sistema de financiación para Cataluña "no pequeños precisamente, cuando hay que ir a la colaboración y la fusión, con un comité de expertos en el que no hay cabida para opiniones diversas y el debate". "La AEAT lleva trabajando 32 años con gran éxito y es una garantía, no podemos permitir su ruptura", ha dicho. "En la confianza que nos une y todo el respeto", le ha preguntado: "¿Qué va a hacer la Secretaría de Estado para defender la unidad que puede romperse por el capricho de unos pocos?"
La respuesta ha sido larga, poco clara y en un discurso buenista que ha causado malestar entre inspectores, según ha podido constatar Vozpópuli. De entrada ha encuadrado el cupo en la reforma del sistema de financiación, la excusa que emplea el Gobierno para atribuir al proyecto el carácter de catalizador de dicha reforma, y ha dicho que es "complicado mover el modelo territorial". Y se ha valido de la anécdota de "un antiguo ministro que decía que es un sudoku no resoluble", en alusión a Pedro Solbes. "Yo creo que hay solución y es complicada. Es complicado evolucionar los modelos desde puntos de partida y perspectivas muy diferentes", ha planteado.
Según el secretario de Estado, el sistema de financiación "tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos en igualdad, el mandato constitucional que hay que cumplir", para a continuación poner el foco en los mecanismos de "colaboración" entre Administraciones Tributarias que marcan la Constitución, la Lofca y la Ley General Tributaria, para lo que ha puesto de ejemplo "el modelo brasileño". Precisamente el que Brasil va a cambiar ahora por los problemas de litigiosidad e ineficiencia que sufre, según han explicado inspectores de este país invitados al congreso.
Gascón, inspector de Hacienda, ex director de la AEAT y un profesional de larga trayectoria y conocido por su talante abierto al diálogo, lleva un tiempo desaparecido y de hecho ésta ha sido su primera aparición pública en meses y su primeras palabras sobre el cupo. Ha reproducido el patrón de la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, que este jueves participó en la inauguración del congreso y en su caso mantuvo una posición más tibia y menos clara de la que ya exhibió el 3 de abril, la única vez en la que se ha pronunciado sobre el cupo, en respuesta a preguntas de los medios. Por una parte ha mostrado desconocimiento, por otra le ha quitado importancia, y por último, tras subrayar el papel esencial de la AEAT, se ha abierto a "cooperar".
A diferencia de Fernández Doctor, que no quiso responder a las preguntas de los medios este jueves, Gascón si que ha aceptado finalmente hacerlo. No ha concretado nada sobre el cupo ni sobre el futuro de los 4.000 funcionarios de la AEAT en Cataluña. Eso sí, ha considerado como el Gobierno que la situación ahora es mucho mejor que en 2017 y ha puesto de ejemplo que la sede de la Delegación en Lérida fue incendiada entonces.
El agujero negro del fraude en el País Vasco
Los inspectores de Hacienda del Estado habían advertido poco antes de que muchos de los grandes programas de inspección contra el fraude fiscal que se realizan actualmente "no se podrían llevar a cabo" si se culmina la cesión de todas las competencias tributarias a Cataluña y pierden el acceso a esos datos.
"Desde la creación de la Agencia Tributaria no hemos vivido una situación tan delicada", ha lamentado la presidenta de la asociación en un encuentro con medios.
"Cataluña va a tener su base de datos propia y esa información no va a estar en la base de datos de la Agencia Tributaria", lo que dificulta la búsqueda del fraude, algo que ya sucede con País Vasco y Navarra, unos territorios que califican de "agujero negro", ha apuntado el portavoz de asociación José María Peláez.
En una mesa que ha moderado el inspector Francisco de la Torre en la que se ha debatido sobre el cupo vasco y el catalán, Ignacio Zubiri, catedrático de la Universidad del País Vasco, ha estimado que Cataluña podría obtener unos recursos adicionales de hasta 25.000 millones de euros anuales si finalmente implementa un sistema de concierto económico similar al del País Vasco y con las mismas condiciones. Este impacto dependerá de cómo se materialice, pero si finalmente fuera similar al del País Vasco, incrementaría los recursos de Cataluña entre un 60 % y el 100 %, lo que supondría entre 18.000 y 25.000 millones más al año.
Ángel de la Fuente, director ejecutrivo de Fedea, estima, para el caso catalán, que la horquilla se puede mover entre 6.500 y 13.000 millones.
El concierto o convenio proporciona "ventajas" a País Vasco y Navarra, que obtienen mayores recursos con una presión fiscal menor, ha destacado Zubiri.
Este dinero, ha añadido Zubiri, se obtendría o bien reduciendo su aportación a las comunidades autónomas del régimen común o bien con menores aportaciones al Estado. "Podemos mover las piezas, pero al final, euro que saque Cataluña, euro que pierden los demás", ha resumido.
"No habría forma humana de dar más a Cataluña sin quitarle a gente que está peor que Cataluña, con ganadores y perdedores claros. No mejora la equidad sino lo contrario", ha remachado De la Fuente.
