Los bancos endurecen el tono contra el Gobierno, pero se guardan todavía un ‘as’ en la manga. Las patronales bancarias AEB y CECA se unieron la semana pasada a la amenaza de las energéticas contra las intenciones de Moncloa, aunque marcan distancias en su batalla y descartan por ahora medidas contundentes, como la de sacar fuera de España parte de sus negocios. ¿Pero por qué no siguen los pasos de Repsol y Cepsa de dar prioridad a otros países?
Esta pregunta sobrevuela en el sector bancario desde hace tiempo. En concreto, desde 2018, cuando la inesperada moción de censura contra Mariano Rajoy instaló en la Moncloa a Pedro Sánchez. Desde ese momento, el Gobierno hizo movimientos para imponer una tasa al sector bancario, que se interpretó como un castigo por la crisis financiera de 2008.
"Si alguien como nosotros, que depende críticamente del dividendo de las filiales, tiene que, sobre un dividendo que ya ha pagado impuestos en el país de origen, pagar otro, esto puede afectar a la morfología de las entidades. Dependiendo de lo que se haga tendremos que tomar las decisiones que convengan", advirtió en julio de 2018 José Antonio Álvarez, en ese momento consejero delegado de Banco Santander.
Fue lo más parecido a una amenaza de trasladar sedes o negocios fuera de España por parte de los bancos ante el riesgo de un impuesto especial. Cuatro años más tarde, el intentó se convirtió en realidad.
El Gobierno aprovechó el ciclo de tipos altos en Europa para justificar un gravamen sobre los “beneficios extraordinarios”. Se recaudarían unos 3.000 millones en dos años al gravar el 4,8% de los ingresos típicos y las comisiones, y estaba ideado en principio con carácter temporal. Tanto las patronales bancarias como cada una de las entidades recurrieron en los tribunales el impuesto al considerar que es “discriminatorio” y tiene grietas legales.
Permanente en pleno cambio del BCE
Lejos de frenarse, el Gobierno trabaja ya en convertirlo en permanente, cuando el Banco Central Europeo (BCE) está acelerando los recortes del precio oficial del dinero para evitar el parón de la economía en Europa. Las patronales han vuelto a salir en tromba para rechazar de forma “enérgica” los planes de Moncloa, pero están siendo mucho más tibios que las energéticas.
Si queremos sufragar el modelo europeo necesitamos que las empresas puedan generar dinero", Ana Botín, presidenta del Santander.
Repsol abrió la espita entre las eléctrica y decidió trasladar a Portugal un proyecto de inversión verde como medida de presión. Este viernes, se conoció también que Cepsa dejará en stand by sus inversiones en España a la espera de cómo puede afectar a la cuenta el nuevo plan fiscal del Gobierno. Entre los bancos se impone la cautela, con las patronales advirtiendo de los clásicos impactos sobra la inversión y la economía en general, y de que se trata de un movimiento en contra de las pautas del BCE y del Fondo Monetario Internacional.
“Aunque el impuesto cumpla la normalidad es discriminatorio respecto a otros sectores. Ya veremos cómo reorganizamos negocios”, dijo el pasado jueves Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter, quien acto seguido quiso puntualizar que no se trataba de una “amenaza”. Aunque dejó claro que el equipo jurídico del banco estudiará “la más mínima letra o detalle” de la nueva norma para intentar recurrirlo.
"Si queremos sufragar el modelo europeo necesitamos que las empresas puedan generar dinero", se limitó a criticar la presidenta del Santander, Ana Botín, en declaraciones desde Washington. Y también incidió en que este tipo de gravámenes penalizan el crecimiento económico.
Críticas a las formas
Eso sí, la AEB y CECA han endurecido el tono contra las formas del Gobierno y criticaron la “merma la calidad del debate público” si se incluye en un decreto o a través de una enmienda, las dos vías que maneja el Gobierno ante la debilidad parlamentaria.
“La incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad”, lamentaron desde las patronales.
Los principales ejecutivos bancarios tendrán la oportunidad esta semana de elevar la presión contra el impuestazo. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell presentará sus resultados del tercer trimestre, y tendrán la oportunidad de hacer un frente común junto a las eléctricas. O decantarse por la cautela y centrar su batalla en los tribunales. Lo que es seguro es que la posibilidad de llevarse negocio fuera de España se volverá a poner encima de la mesa en las distintas ruedas de prensa.
