Se ha convertido en el gran altavoz del sector empresarial. Mientras los grandes empresarios del Ibex 35 guardan silencio o esperan agazapados a los movimientos que haga el Gobierno de Pedro Sánchez, Josu Jon Imaz ha liderado la cruzada contra todo aquel que quiera llevarse por delante el modelo de negocio de Repsol y el que pueda erosionar las cuentas de resultados de la multienergética.
El consejero delegado de la empresa lleva un tiempo siendo extremadamente crítico por la deriva de las medidas en materia de energía, pero también de los impuestos. En la última semana ha cargado tintas contra el Ejecutivo y ha destapado la Caja de Pandora en pleno debate de la prórroga del impuesto que grava sobre los ingresos generados.
Repsol, al igual que el resto de compañías afectadas, siempre han sido contrarias a este gravamen. Primero, por cargarlo contra los ingresos y no a los beneficios. Y es que, aunque para el Ejecutivo pueda sonar a chino, una empresa puede generar millones de facturación, pero no lograr números negros. El segundo motivo por el que se considera desproporcionada la medida es que era un impuesto con el fin de aportar parte de los llamados “beneficios caídos del cielo” a consecuencia de la guerra de Ucrania. El argumento de Sánchez y el resto de ministros era el de que los precios energéticos se habían disparado durante dos años, por lo que las arcas de estas sociedades se habían incrementado considerablemente.
Este impuesto debe volver a debatirse ya que tiene fecha de caducidad: 31 de diciembre. Con una inestabilidad palpable en el Congreso de los Diputados para sacar acuerdos, los partidos que dan apoyo al Gobierno han querido sacar tajada con la prórroga del gravamen. Pero mientras las formaciones buscan sus réditos, el mundo empresarial pide que se pare la idea de extender el hachazo fiscal. Energéticas y banca ya llevaron a los tribunales el tributo, pero nuevamente han maniobrado para pararlo definitivamente.
Eso sí, las estrategias han sido muy diferentes. El consejero delegado de Repsol ha lanzado diversos ataques contra el Gobierno para velar por sus intereses. En una columna enviada a La Vanguardia, el directivo alerta de que con la prolongación de esta medida, inicialmente prevista para los años 2023 y 2024 -en el caso de las energéticas, con la aplicación de un gravamen del 1,2% sobre las ventas, a liquidar con cargo a los ejercicios 2022 y 2023-, la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo". De hecho, la compañía que él lidera y Cepsa han avanzado que las paralizarán si se extiende el impuesto.
"Miles de millones de euros se desviarán a otros países. Es posible que, ante la dificultad de descarbonizarse, el sector del refino español vaya teniendo dificultades para mantenerse antes de que acabe esta década. Crearemos muchos empleos en servicios de bajo valor añadido, posiblemente mal pagados. Nuestra cobertura social tendrá dificultades para sostenerse en un futuro, porque el tipo de empleo que se crea y la falta de recursos que genera el que se pierde nos aboca a un modelo de competitividad alejado de los líderes a los que deberíamos emular", remarcó en el escrito.
Un cable para defenderse
No es el único ataque que ha hecho al Gobierno en el último año. Durante el plan estratégico de la compañía, Josu Jon Imaz sacó un trozo de cable eléctrico para lanzar un duro ataque al Gobierno. “Esto es un corte de un cable de alta tensión y la gran parte del interior es un polietileno ultralimpio producido en Tarragona, y toda la parte exterior es un polipropileno que está producido en Aragón. Alguien que invierte en España y crea empleo industrial para fabricar esto, tiene que pagar un gravamen extraordinario y, sin embargo, hay quien no invierte en España, produce estos materiales en el extranjero y los importa a través del puerto de Bilbao o Barcelona, y los mete en el mercado español sin pagar nada frente a los que están produciendo en Aragón y Tarragona... ¿Hay alguien que pueda sostener de verdad con la mirada alta que esto es social?", dijo Imaz, en clara alusión al impuesto.
Pero sus quejas no solo han llegado por el impuesto. Las emisiones a la atmósfera también han sido objeto de disputas entre Gobierno y Repsol, en el que llegó a entrometerse un invitado inesperado como es Iberdrola.
La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, acusó a Josu Jon Imaz de “negacionista climático” por la manera que defiende los intereses de Repsol. A juicio de la ministra no tenía un mensaje coherente con el resto de Europa en materia de descarbonización. El cruce de declaraciones y el CEO de la multinergética no dudó en ir al cuerpo a cuerpo. “¿Hay más ideología que tecnología en la transición energética? Rotundamente, sí”, contestó.
Fue en ese impasse cuando Iberdrola aprovechó la ventana de la sostenibilidad para enfrentarse a Repsol. La empresa liderada por Ignacio Sánchez Galán denunció ante la Justicia que la petrolera hacía “greenwashing” en su campaña publicitaria. Es decir, que Iberdrola considera que la empresa dirigida por Josu Jon Imaz hace creer a los consumidores que ellos o sus productos son sostenibles a través de afirmaciones engañosas o inciertas.
Precisamente, ha sido Josu Jon Imaz el que ha cogido el testigo de Ignacio Sánchez Galán. El presidente de Iberdrola fue una de las voces más críticas contra el Gobierno durante la crisis energética. “Solo los tontos aún tienen la tarifa regulada”, llegó a decir para defenderse de los ataques de Moncloa.
Las próximas semanas van a ser fundamentales para conocer si el impuesto que grava a los ingresos va a salir adelante o no. El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una gran encrucijada puesto que las empresas afectadas, con Josu Jon Imaz tirando del carro, van a poner toda la carne en el asador para que no sea así. En el plano político, las cosas tampoco pintan bien con Junts rechazando la prórroga y con el PNV queriendo gestionar el gravamen, algo que tampoco cuadra en las oficinas de Repsol.
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