Jaime Botín se va de rositas. El hermano del difunto presidente del Banco Santander, a quien la CNMV había impuesto una multa de 700.000 euros en octubre de 2013 por ocultar durante años un 8% de sus acciones en Bankinter, podrá reclamar el medio millón de euros -más intereses- que ya depositó en su día para pagar parte de esa sanción, la más alta de la historia del regulador bursátil.
La Audiencia Nacional ha admitido el recurso de la defensa de Botín y ha considerado excesivo el tiempo de tramitación de la sanción: 23 meses, cuando el máximo legal es de 18 meses. La Audiencia acusa al regulador de hacer "caso omiso" a ese límite e imponer igualmente la multa. Y concluye que "el expediente ha de entenderse, aun por poco, como caducado", por lo que procede anular la resolución de Economía. El Ministerio de Economía deberá pagar las costas y publicar inmediatamente la resolución en el BOE: "Solo así se restablece correctamente la situación del crédito personal del recurrente en la publicidad oficialmente establecida".
Acciones ocultas en Suiza
Botín fue sancionado 38 meses después de confesar que tenía en Suiza un paquete oculto de acciones clave de Bankinter. Fue en julio de 2010 cuando uno de los primeros banqueros de España sorprendió al mercado revelando que no era Crédit Agricole sino él quien era el primer accionista de Bankinter. Es decir, en vez del 16% tenía un 24%, por encima del 23% de Crédit Agricole.
La CNMV consideró esta infracción como "muy grave" y Economía aprobó apenas dos semanas después -a toda velocidad- una orden ministerial que obligaba a Botín a pagar, a título personal, medio millón de euros, además de otros 200.000 como único beneficiario de la sociedad XYZ Heritage Foundation. También se multó a los seis hijos de Emilio Botín con 150.000 euros cada uno por ocultar que poseían una participación significativa de Bankinter.
La tramitación se habría demorado por la decisión del consejo de la CNMV de reiniciar el proceso, después de haber modificado la propuesta de los instructores del organismo, que planteaban archivar las actuaciones, informa el diario El País.
