La guerra por el recorte de retribución a las energías renovables tiene tres frentes activos. La libran las empresas y fondos que llevaron al Estado español a los tribunales de arbitraje, por cambiar las reglas del juego en la era de Mariano Rajoy. Uno de esos frentes está en Austrialia, donde la Justicia ya etiqueta a España como un "deudor recalcitrante". 

El calificativo llega en un momento delicado para la parte española, ya que los tribunales austrialianos llevan meses analizando la posibilidad de ejecutar embargos por valor de 120 millones de euros. El Tribunal Supremo de Australia reconoció el año pasado las deudas contraídas por España con las empresas denunciantes. Desde entonces, en el punto de mira de la Justicia hay activos con nombres y apellidos, susceptibles de embargo. Por ejemplo, los de la filial de Navantia en el país oceánico.

El proceso sigue su marcha. El Tribunal Federal austrialiano ha instado ahora al Gobierno español a depositar una garantía de 56.000 dólares, como condición para continuar con un procedimiento relacionado con un laudo arbitral de 125 millones de euros. Esta decisión forma parte de un largo proceso legal iniciado por Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar B.V. Ambas compañías intentan que se cumpla un fallo arbitral dictado por el la corte de arbitraje del CIADI.

El caso se centra en la negativa de España a pagar el laudo arbitral, que ya ha sido ratificado por la Justicia australiana y cuya última apelación fue rechazada en 2023 por el Tribunal Superior del país. Ante la falta de pago, las empresas demandantes solicitaron medidas de ejecución, incluyendo las órdenes para examinar a dos funcionarias consulares españolas en Australia. 

Ambas tendrán que comparecer ante el tribunal para identificar y documentar activos susceptibles de embargo, tanto en España como en Austrialia. El denominado "examen de funcionarios" es una herramienta legal común en procesos de ejecución internacional, donde el deudor se niega a pagar y el acreedor busca información sobre activos en otras jurisdicciones. En el caso australiano, el Gobierno español argumentó que estas órdenes violaban los privilegios consulares. Sin embargo, la corte señaló que esto puede discutirse durante el proceso y no justifica suspender la medida inicial.

El tribunal autraliano justifica la imposición de la mencionada garantía económica por la posición de España como un "deudor recalcitrante”. En este sentido, recuerda que el Gobierno no ha mostrado intención de cumplir con el laudo ni con las costas judiciales previas. Esta medida busca proteger a las demandantes de incurrir en más gastos legales sin posibilidad de recuperación en caso de éxito.

Avances en Estados Unidos

El 'frente' australiano avanza paralelo al de Estados Unidos, donde el riesgo de embargo es cada vez más elevado. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia acaba de rechazar la solicitud de España para revisar tres casos relacionados con laudos arbitrales emitidos por el CIADI. En todos ellos, se condena a España por la retirada retroactiva de las primas renovables.

El primero de los casos revisado está vinculado con NextEra, firma estadounidense a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, más otros cinco millones en concepto de intereses de demora. El segundo se refiere a 9REN, vehículo inversor con sede en Luxemburgo al que el Gobierno debe compensar con 40 millones (con 3,5 millones de intereses). Y el tercero es el caso JGC, por el que se deben abonar otros 23,5 millones (más 5,5 millones por la demora).

Batería de embargos en Reino Unido

Tanto la 'batalla' de Estados Unidos como la de Austrialia avanzan por la misma senda que ya abrió Reino Unido, donde ya han sido embargados distintos activos españoles. En febrero de 2023, la justicia británica autorizó la incautación de la indemnización reconocida a España por la catástrofe del Prestige, un activo financiero valorado en más de 925 millones de euros. 

Un mes más tarde, el Tribunal Supremo de Londres decretó tres órdenes provisionales de pago que, en caso de no ser atendidas, otorgarán a los afectados la posibilidad de embargar la sede del Instituto Cervantes y la sede de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalidad de Cataluña, dos propiedades ubicadas en la capital británica.

Posteriormente, los tribunales del Reino Unido emitieron otra orden provisional que abre la puerta al embargo de la sede de la Escuela Internacional Vicente Cañada. Es utilizada como centro de exámenes de la UNED y está ubicada en un antiguo convento dominico. El último movimiento de la Justicia británica fue la congelación de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros.

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