La guerra de laudos por la retribución de las energías renovables sigue metiendo presión al Gobierno. Un nuevo revés judicial en Estados Unidos allana ahora el camino para embargar bienes españoles en suelo americano. Es un capítulo más del pulso que mantienen desde hace años fondos y empresas del sector con el Estado, por el severo recorte de retribución aprobado durante el mandato de Mariano Rajoy.
El varapalo en cuestión tiene que ver con un laudo emitido por el CIADI a favor de JGC Corporation. La resistencia del Gobierno español a cumplir con la obligación de pago (36,1 millones) llevó al grupo japonés a denunciar el caso en Estados Unidos. Ahora, el Tribunal del Distrito de Columbia acaba de asumir el laudo, con las consecuencias jurídicas que esa decisión conlleva. Fuentes próximas a la compañía aseguran que el fallo "permite que los litigantes puedan buscar la ejecución del laudo en EEUU, otorgándoles herramientas legales adicionales".
El fallo del juez de Columbia tiene el valor de una sentencia firme. De esta forma, según las mismas fuentes, España se convierte en un "país deudor" ante los ojos de la justicia estadounidense. Esa condición negativa la tiene ya el Estado español en otros países donde se lidian otros pleitos por la retribución de las renovables, como Australia, Bélgica y Reino Unido. En este último país, el Gobierno español ya ha sufrido el embargo directo de bienes, ante la negativa del Gobierno de pagar otras deudas.
La tipología de bienes a embargar es amplia. La Justicia en los países afectados puede ordenar el bloqueo de bienes inmuebles, pero también de activos financieros, títulos de deuda o cuentas bancarias. En el caso de Reino Unido, el Estado ya tiene embargados 800.000 euros depositados en cuentas bancarias del Instituto Cervantes y el edificio histórico que alberga un colegio español en Londres.
La cantidad reconocida a JCC Corporation en Estados Unjidos incluye intereses de demora, que han aumentado la deuda inicial en un 53,6%. Las mismas fuentes recuerdan que, desde ahora en adelante, "los intereses se calcularán al 4% anual, triplicando el ritmo al que se venían baremando y agravando la presión económica sobre España".
Una larga batalla judicial
La resolución destaca que España está obligada a indemnizar a los inversores afectados conforme a lo dictado en un arbitraje internacional dirimido en el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, al que JGC Corporation acudió invocando la cobertura ofrecida por el Tratado de la Carta de la Energía. El caso de la empresa japonesa se remonta a 2015, cuando demandó al Estado por el cambio retributivo. El CIADI falló a su favor en 2021, pero España intentó anular el laudo sin éxito en un proceso que concluyó en febrero de 2024. Las acciones de defensa legal del caso JGC en Estados Unidos se han articulado a través de Blaskett Renewable Investments.
La sentencia del Tribunal de Columbia refuerza ahora la posibilidad de ejecutar laudos, otorgando a las empresas afectadas "una herramienta adicional para buscar justicia ante los incumplimientos reiterados del gobierno español, que ha situado al país ibérico a la par con regímenes como el venezolano o el ruso en los rankings de incumplimiento de sentencias de arbitraje", aseguran las citadas fuentes.
Lo cierto es que, hasta mayo, España y Venezuela compartían poco honroso récord de liderar el ránking mundial de morosidad con los inversores internacionales. Pero la larga batalla de laudos por las renovables acabó elevando el Estado español a lo más alto del podio. Esa información se desprende del denominado Índice de Cumplimiento de Laudos Internacionales, elaborado por el jurista y académico holandés Nikos Lavranos. Ese indicador está sirviendo a las 'víctimas' de los impagos para presionar al Gobierno español y a las autoridades europeas. España debe a sus acreedores 1.562 millones de euros en indemnizaciones y enfrenta sobrecostes financieros y legales por 326 millones adicionales.
Se da la paradoja de que en Bruselas puede tener cargo de comisaria una ministra española que se ha cerrado en banda ante las demandas de los afectados por los impagos. Se trata, obviamente, de Teresa Ribera, titular de Transición Ecológica y aspirante a la cartera de Competencia y Transición Verde.
Las aspiraciones de Ribera aún están en el aire, por el pulso que están librando el PPE y los socialistas europeos en Bruselas. Ahora bien, en caso de ser nombrada finalmente comisaria europea, la actual vicepresidenta tercera tendrá que abstenerse de tomar decisiones relacionadas con los polémicos laudos.
