La banca entona el mea culpa. El Gobierno pretender crear una nueva versión del impuesto al sector, que se alargaría hasta 2026, mientras que ha decidido retirarlo a las eléctricas, que fueron mucho más agresivas en su batalla fiscal. Entre los grandes bancos existe resignación y se hace autocrítica por el “fracaso” para hacer lobby contra el plan de Moncloa: “Tendríamos que haber amenazado con sacar la sede fuera de España”, transmiten a Vozpópuli distintas fuentes financieras.
Repsol y Cepsa advirtieron al Gobierno de que se llevarían inversiones al extranjero por la carga fiscal en España. Una presión que al final consiguió que Junts tumbara la intención de Hacienda. No ocurrió lo mismo con el impuesto bancario, que el PSOE ha pactado con PNV extenderlo tres años con un nuevo diseño progresivo en el que se incluyen también a las entidades extranjeras.
“Ha sido un fracaso como sector. Competimos en todo y no hemos hecho la fuerza conjunta suficiente, como sí han hecho las energéticas”, admite en privado un ejecutivo bancario de primer nivel de uno de los grandes bancos del Ibex.
¿Nos la hubiéramos llevado? No lo creo, pero contemplarlo como posibilidad nos habría ayudado a que nos escucharan. Tendríamos que haber amenazado también”, se resigna un alto ejecutivo bancario.
Ahora, en los despachos de los banqueros retumba con fuerza la batalla fiscal que acaban de iniciar las socimis. Grandes del Ibex como Colonial y Merlin han abierto la puerta a salir de España si como han pactado PSOE y Sumar se suprime la exención fiscal de estas figuras con un régimen especial.
Tensar más la cuerda
Entre algunos banqueros se reconoce que se tendría que “haber tensado más la cuerda” con el Gobierno, amenazando con mover las sedes de España. “¿Nos la hubiéramos llevado? No lo creo, pero contemplarlo como posibilidad nos habría ayudado a que nos escucharan. Tendríamos que haber amenazado también”, indica otro banquero que pide el anonimato.
En público, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, ha sido el único que ha advertido de que la carga fiscal puede suponer un impedimento para mantener la sede en territorio español. Eso sí, lo enmarcó en un contexto de futuras fusiones a nivel europeo, en las que la presión de impuestos perjudicaría a España.
“En el momento que lleguen las fusiones transfronterizas, ¿dónde creen que se establecerá la sede?”, se preguntó Gortázar, para después sugerir que en caso de que la unión fuera entre un banco español y otro italiano, por ejemplo, la sede se fijaría en Italia. Ahora bien, matizó que en este momento el primer banco en España por activos no tiene planes de lanzarse a comprar bancos europeos.
“Haremos lo que tengamos que hacer”, afirmó con rotundidad a finales de octubre Héctor Grisi, consejero delegado del Santander. Una frase que dejaba abierta a la interpretación la amenaza sobre el traslado de sede, aunque el banquero quiso cerrar la puerta a esta posibilidad dejando claro que el Santander es “un banco español”.
Chivo expiatorio
Amenazas muy tibias, como reconocen entre las propias entidades, que al final no han conseguido frenar el impuestazo. El sector, una vez más, se siente un “chivo expiatorio” desde que estalló la crisis de 2008. “Casi 20 años después no hemos conseguido explicar que el sector necesita ser rentable para dar crédito a la sociedad”, se resigna un alto ejecutivo bancario.
El PSOE aún tiene que pactar con el resto de socios parlamentarios el nuevo diseño del impuesto bancario. Pero en el Banco Central Europeo (BCE), como publicó este medio, ya se prepara una respuesta contundente contra esta versión. El banco central se basará en un dictamen de este mismo mes sobre una tasa similar en Letonia, en el que advierte de que este tipo de medidas alejan a los inversores extranjeros. También avisa del riesgo que supone imponer un tributo en plenos recortes de tipos de interés.
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